Toluca.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) contactó a las dos mujeres que se encontraban en la bodega ubicada en el municipio de Tlatlaya, donde siete militares asesinaron a 22 presuntos secuestradores, la madrugada del pasado 30 de junio.

El lunes, un juez federal, con sede en el estado de México, ordenó su inmediata libertad, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó conclusiones no acusatorias en su favor. Ambas son consideradas víctimas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ya que sufrieron abusos durante su estancia en las instalaciones de la dependencia, horas después de esos sucesos.

El titular de la PGJEM, Alejandro Gómez Sánchez, informó que se conversará y definirá con ellas lo relativo a la reparación del daño que ordenó la CNDH en su recomendación por el caso Tlatlaya. Además, se buscará que colaboren en la investigación que realiza la dependencia para deslindar responsabilidades y sancionar a los servidores públicos que cometieron los abusos y torturas.

La noche del lunes, el juzgado cuarto de distrito en materia penal federal decretó el sobreseimiento del proceso que se instruyó a las dos mujeres, pues el Ministerio Público federal determinó la no acción penal por no encontrar suficientes elementos para sostener la acusación por los delitos de acopio y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército mexicano.

Acatan recomendación de CNDH

La CNDH encomió que se haya cumplido el cuarto punto de su recomendación 51/2014 –por los hechos ocurridos en Tlatlaya–, que dio como resultado la libertad absoluta de dos mujeres que eran procesadas por distintos delitos.

En un comunicado, la CNDH informó que el pasado 12 de diciembre emitió un oficio dirigido a la encargada de despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Eliana García Laguna, a quien se solicitó un informe de las acciones adoptadas a este respecto.

Allí se destacó que las dos personas que recién obtuvieron su libertad en ese entonces continuaban siendo procesadas, no obstante que se trataba de dos víctimas que circunstancialmente estuvieron en el lugar de los hechos, debido a que estaban privadas ilegalmente de su libertad y luego fueron objeto de tortura por parte de servidores públicos de la PGJEM.