l portal de filtraciones Wikileaks difundió ayer un documento titulado Las mejores prácticas en contrainsurgencia: cómo hacer de las operaciones de ataque a objetivos de alto nivel una herramienta efectiva, elaborado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en julio de 2009, es decir, durante la primera presidencia de Barack Obama. En el texto referido se formulan diversas recomendaciones a gobiernos del mundo que enfrentan conflictos armados con grupos insurgentes para realizar operaciones contra objetivos de alto nivel (HVT, por sus siglas en inglés), que incluyen el asesinato político, las capturas, la remoción de liderazgos, la neutralización y la marginación de dirigentes guerrilleros.

El informe cita como una de las operaciones más exitosas de los casos de estudio el asesinato del ex dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Raúl Reyes, ocurrido en en marzo de 2008 en un campamento ubicado en territorio ecuatoriano, en el que perecieron 22 integrantes de esa organización político-militar y cuatro estudiantes mexicanos.

Al igual que como ocurrió con la difusión del informe del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, en el que se documenta el uso sistemático de la tortura por parte de Washington, el informe difundido ayer por la organización fundada por Julian Assange tiene la virtud de documentar y dar sustancia a un hecho que venía siendo un secreto a voces desde hace décadas: que un gobierno formalmente constituido, como es el de Estados Unidos, recurre, recomienda y sistematiza el asesinato de insurgentes como una práctica común, a contrapelo de las nociones humanitarias más elementales.

El documento constituye un agravante adicional al descrédito del gobierno estadunidense no sólo porque comprueba el injerencismo grotesco de Washington en países que viven conflictos armados internos, sino porque coloca a ese gobierno, que se suele presentar a escala planetaria como defensor de la legalidad y los derechos humanos, como un régimen ilegal e inhumano, que ni siquiera se plantea llevar a juicio a las personas consideradas discrecionalmente como insurgentesy objetivos de alto nivel, sino que asume como función principal su exterminio físico.

Se comprueba, asimismo, que a contrapelo de su prédica de combate al terrorismo, Washington no ha dudado en recurrir a actividades que podrían ser calificadas de terroristas cuando así ha convenido a la defensa de sus intereses geopolíticos, económicos, diplomáticos o militares.

Si el grueso de la opinión pública estadunidense no ha podido ver esta dolorosa realidad se debe, en buena medida, al poderío de un aparato mediático que suele distorsionar la información y encubrir el rostro más impresentable del poder público estadunidense, cuando no lo hace aparecer como comprometido con la democracia, los derechos humanos y la paz internacional.Por contraste, esta última consideración revela la importancia de la labor informativa que realiza Wikileaks a escala planetaria y explica en buena medida la inquina que en su contra mantienen la mayoría de los gobiernos occidentales, empezando por el de Washington.