Islamabad.

El gobierno de Pakistán intensificó su lucha contra los talibanes luego del ataque a una escuela militar que dejó 150 muertos, de los cuales 132 eran niños, con la ejecución de dos condenados por terrorismo, mientras aviones y fuerzas terrestres llevaron a cabo operaciones castrenses en el noroeste del país que cobraron la vida de 77 milicianos.

Los ejecutados fueron identificados como Mohamed Aqeel, líder de un grupo de milicianos que atacó la sede del ejército paquistaní en Rawalpindi en 2009, y Arshad Mehrban, condenado por su implicación en el intento de asesinato del ex presidente Pervez Musharraf en 2003.

Las ejecuciones por ahorcamiento, que tuvieron lugar en la ciudad de Faisalabad, en la provincia de Punjab, se llevaron a cabo después de que el gobierno levantó una moratoria de seis años tras la matanza perpetrada por los talibanes el martes en una escuela en la norteña ciudad de Peshawar.

El gobierno del primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, informó enseguida que volverá a ejecutar terroristas, rompiendo una moratoria no declarada vigente desde 2008.

El jueves, el jefe del ejército, Raheel Sharif, firmó la orden de ejecución de seis condenados por terrorismo, por lo cual se espera que otros cuatro milicianos, actualmente en prisión en la ciudad de Lahore, la capital de Punjab, sean ejecutados en los próximos días.

Desde el atentado, el ejército paquistaní endureció la ofensiva con ataques aéreos y acciones terrestres, cerca de Peshawar, en áreas tribales de Waziristán del Norte y Jiber, cerca de la frontera con Afganistán, donde mataron a 77 combatientes talibanes, entre ellos un comandante.

Los paquistaníes, entre tanto, salieron a las calles por tercer día consecutivo en protesta por el ataque del martes, mientras activistas de la sociedad civil celebraron vigilias en numerosas ciudades por las víctimas del atentado en la escuela militar.

En este contexto, un tribual antiterrorista paquistaní concedió la libertad bajo fianza al principal sospechoso del ataque de Mumbai, Zaki ur Rahman Lakhvi, una de las siete personas que están siendo juzgadas en Pakistán por el atentado, que dejó 166 muertos en 2008.

India reaccionó con indignación y el fiscal especial paquistaní Abu Zar Peerzada dijo que apelará ante el Tribunal Supremo para anular la libertad.