Ostula, en resistencia
n Ostula, en el litoral del Pacífico michoacano, un grupo de comuneros fue juzgado por la comunidad debido a su vinculación con Los caballeros templarios. Días después, en el contexto de un país que arde, llegó la represalia encabezada por cinco personas fuertemente armadas que emboscaron a comuneros en la carretera Manzanillo-Lázaro Cárdenas, con la intención de asesinar a Semeí Verdía, comandante de la Policía Comunitaria de Ostula y coordinador general de las autodefensas en la costa de Michoacán.
La comunidad nahua de Santa María Ostula no es cualquiera. Aquí se disputan el territorio el crimen organizado, los caciques locales, las trasnacionales y empresas mineras que han visto obstaculizados sus propósitos de invasión y control territorial por la organización de un pueblo dispuesto a defender lo que les pertenece. El costo que han pagado, y siguen pagando, ha sido muy alto: 32 comuneros desaparecidos y seis asesinados, además del desplazamiento forzado de cientos de pobladores que tuvieron que huir para salvar sus vidas. Muchos de ellos regresaron en febrero de 2014 para reconstituir el territorio, al calor del nacimiento de las autodefensas, y expulsaron a los criminales. Una de las personas que regresó es precisamente Verdía.
La ambición empresarial llegó a estas tierras de la mano de diversos megaproyectos, como la construcción de la supercarretera Coahuayana-Lázaro Cárdenas y el plan regional para el desarrollo turístico.
En junio de 2009 la comunidad recuperó, previo acuerdo de la asamblea, más de mil hectáreas de tierras, montes y playas que durante 40 años estuvieron en manos de pequeños propietarios de La Placita. Vino entonces el fortalecimiento de su autonomía, posteriormente los ataques y asesinatos de los comuneros en resistencia, la salida de muchos de ellos del territorio, su regreso y su proceso de reconstitución del tejido comunitario, amparado por la reconformación de su Policía Comunitaria y la expulsión de los criminales.
Este es el contexto del reciente ataque a la comunidad y a sus representantes. Los responsables, acusan los comuneros, son Federico González alias Lico, jefe de plaza del cártel de Los caballeros templarios en el municipio de Aquila, y Mario Álvarez, ex presidente municipal de Aquila y ex diputado priísta.
Para esta comunidad la defensa de sus tierras y su sobrevivencia como pueblo es lo que está en juego.
