Con propuestas encontradas se reunirán hoy el comité de ahorradores de Ficrea y autoridades del sector financiero, con el fin de llegar a un acuerdo para recuperar parcialmente el capital de los 6 mil 848 clientes defraudados.

Por un lado, las autoridades pondrán sobre la mesa de negociación su posición –aparentemente inamovible– de que la banca de desarrollo compre la cartera de Ficrea y con ello se pague a los ahorradores el monto máximo que se pueda cubrir.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de su competencia, promoverá la participación de la banca de desarrollo en el diseño e implementación de una esquema para monetizar la cartera de arrendamientos que exista en relación con los depósitos de los ahorradores de Ficrea de manera expedita, buscando maximizar en todo momento el valor de recuperación de dicha cartera en beneficio de los ahorradores, señala la propuesta oficial.

En contraste, los afectados plantean que la banca de desarrollo compre el paquete completo: cartera y activos, y los administre con el fin de seguir operando.

Una segunda opción que propondrán los defraudados parte de la base de los 6 mil 200 millones de pesos que vale la cartera de Ficrea; se sabe que 2 mil 700 millones fueron desviados. Ese monto desaparecido se puede cubrir sin considerar activos fijos con otros activos que valen mil 238 millones. Si a ese monto se suman los 200 automóviles que se descubrieron y son del dueño de Ficrea, Rafael Olvera, dan la suma para pagar a los ahorradores, expone el comité de ahorradores.

Cálculos oficiales señalan que de los 6 mil 848 inversionistas estafados, 2 mil 589, que representan 42 por ciento y tenían inversiones de entre mil y 130 mil pesos, podrían recuperar 100 por ciento de sus recursos, mientras los mil 300 defraudados con niveles de inversión de 130 mil a 300 mil pesos podrían recuperar 76 por ciento del total de sus recursos, y los mil 226 ahorradores con montos invertidos de entre un millón y 5 millones podrían obtener, en el mejor de los casos, una tercera parte de sus fondos.

Según el estado de liquidación de Ficrea, se estima que los ahorradores podrían recuperar como parte del seguro de depósitos un máximo de 25 mil unidades de inversión, equivalentes a 131 mil pesos. Con las cifras actuales, se estima que cerca de 42 por ciento de los ahorradores recibirán la totalidad de los depósitos y tras la venta de activos y cartera ese porcentaje podría aumentar hasta 62 por ciento de los defraudados.

La postura oficial es que no se les podrá reintegrar 100 por ciento de sus recursos, porque es ilegal. Sería equivalente a un esquema de rescate bancario, en el que los contribuyentes paguen, o tanto como comprar cartera quebrantada.

Fuentes de alto nivel consultadas por La Jornada informaron que los integrantes de dicho comité, ahorradores con montos de inversión de entre 50 millones y 100 millones de pesos, no han pagado impuestos y ni siquiera han declarado fiscalmente.

En lo que ambas partes (autoridades y estafados) coinciden es en la compulsa detallada de las cifras del interventor de Ficrea, Federico Manuel López Cárdenas, para conocer el origen de las cifras que se desglosan de esta manera: a octubre de 2014, la cartera era de 6 mil 284 millones de pesos, de los cuales se transfirieron a empresas relacionadas a Ficrea 5 mil 900 millones; sin embargo, solamente se pudo constatar la integración de expedientes de arrendamientos por 3 mil 200 millones y el resto de los recursos, 2 mil 700 millones, se desviaron o transfirieron al exterior.

En caso de que haya diferencias en las cifras después de la compulsa, la Secretaría de Hacienda ofreció pagar un tercero para que realice una auditoría a las cifras e incluso sustituir al interventor de Ficrea, si ello ayuda a destrabar las negociaciones.

La reunión, que inicialmente se había acordado realizar en la sede de Ficrea, en Palmas 405, se cambió para hoy a las 10 horas en la sede de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Como condición, el diálogo se realizará ante periodistas.

Se tiene programado que asistirán Mario Alberto di Costanzo Armenta, presidente de la Condusef; Edna Barba y Lara, vicepresidenta jurídica de ésta; Luis Fabre Pruneda, vicepresidente técnico, y Rodrigo Reina Leciaga, vicepresidente de delegaciones de la comisión.

También se espera la presencia de Gabriel Díaz Leyva, vicepresidente de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); Édgar Bonilla del Ángel, vicepresidente jurídico; Federico Manuel López Cárdenas, interventor gerente de Ficrea; Luis Madrazo Lajous, titular de la unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda, y un representante de la Procuraduría General de la República (PGR).

Para evitar una nueva retención de empelados, como la ocurrida el viernes pasado, se instalará un cinturón de seguridad con granaderos y sólo tendrán acceso unos 25 integrantes del comité de ahorradores de Ficra, así como los representantes de los medios de comunicación.

En relación con la posible localización de Rafael Olvera Amezcua, accionista mayoritario y dueño de Ficrea, las autoridades, por conducto de Alberto Elías, director de la Unidad de Implementación de la Ley Antilavado, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, comentó el viernes pasado: Se está apegado al estado de derecho en ese sentido, no se pueden detener personas sin que se tenga una orden de aprehensión o se solicite la orden de arraigo y la autorice el juez federal competente.

En ese sentido, las autoridades mexicanas y financieras están respetando en todo momento el estado de derecho, tanto de los ahorradores como de los probables responsables de la comisión de algún delito del orden financiero o del lavado de dinero, puntualizó.