Zacatecas, Zac.

Seis migrantes mexicanos que fueron detenidos en distintos lugares de California y obligados a firmar su retorno voluntario a México por miembros de la Patrulla Fronteriza o agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lograron que las autoridades migratorias aceptaran un preacuerdo para que el juez John A. Kronstadt revise sus casos, lo que les permitiría retornar a Estados Unidos, donde dejaron familias y trabajos, para defender ante tribunales su derecho a permanecer en ese país.

Asesorados por abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el 4 de junio de 2013 Isidora López Venegas, Ana María Dueñas, Gerardo Hernández Contreras, Efraín García Martínez, Alejandro Serrato y Arnulfo Sierra –detenidos y deportados a México entre 2011 y 2012– interpusieron una demanda colectiva contra las políticas y prácticas engañosas de control migratorio de las corporaciones fronterizas estadunidenses.

Como ellos, decenas de miles de mexicanos que radican sin documentos en Estados Unidos han sido detenidos desde 2009 por agentes de la Patrulla Fronteriza o del ICE debido al endurecimiento de la política migratoria de la administración del presidente Barack Obama.

Tras enviarlos a centros de detención temporal sin acceso a un abogado, los oficiales estadunidenses presionan y acosan a los migrantes para que firmen su retorno voluntario, pero no les aclaran que al firmar aceptan que no podrán regresar a Estados Unidos en una década.

Si el acuerdo es aprobado por el juez John A. Kronstadt, los migrantes mexicanos y, eventualmente, los miles que han sido deportados podrían regresar a Estados Unidos para que sus casos de extradición ilegal sean revisados por un tribunal, a lo cual fueron obligados a renunciar al firmar su retorno voluntario.

La audiencia en que el juez revisará el acuerdo se realizará el 9 de febrero de 2015 en la sala 750 del séptimo piso del tribunal perteneciente al distrito central de California, en Los Ángeles.

La ACLU dijo que asesoró e interpuso la demanda colectiva para prevenir que los agentes de inmigración sigan engañando a los ciudadanos mexicanos para que firmen sus propias órdenes de expulsión a través de un proceso llamado salida voluntaria.

Para obtener un estatus legal, los migrantes mexicanos deben cubrir básicamente dos requisitos: probar que al momento de ser expulsados tenían ciertos motivos razonables para residir en Estados Unidos legalmente y que fueron procesados por agentes de la Patrulla Fronteriza del sector de San Diego o por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de las oficinas de campo de San Diego y Los Ángeles.