El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), informó al Senado que existen 922 albergues en el país, de los cuales 805 son privados y 117 públicos, a los que se canalizaron este año casi 40 millones de peso.

Sin embargo, el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) destaca en un estudio que el panorama en diversos albergues es muy preocupante, pues no existe supervisión ni vigilancia sobre aquéllos.

En tanto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) pidió a México, después de lo ocurrido en el albergue La Gran Familia, en Zamora, Michoacán, realizar la revisión de los procesos de institucionalización y cuidados alternativos de niños privados de su medio familiar, para evitar más casos como el del albergue de Mamá Rosa.

Ante ello, el Senado de la República aprobó el dictamen de un punto de acuerdo por el que se solicitó al Poder Ejecutivo federal impulsar la creación de un grupo plural integrado por personal de la Secretaría de Gobernación, del DIF nacional y de diputados y senadores, a fin de realizar visitas de supervisión a refugios, albergues y casas de transición que permitan certificar el cumplimiento de diversas disposiciones legales en la materia.

Los legisladores consideraron que la supervisión y vigilancia son mecanismos efectivos para corroborar las condiciones en las que trabajan las organizaciones en los albergues, y la manera en que protegen los derechos de las personas asistidas.

Lineamientos para refugios

Refirieron en el dictamen aprobado que los refugios deben estar sujetos a los principios de unidad, funcionalidad, honestidad coordinación, profesionalización, simplificación, agilidad, precisión, transparencia e imparcialidad.

Un albergue debe ser aquel establecimiento benéfico donde se aloja provisionalmente a personas en situación de vulnerabilidad, se procura el asilo, alojamiento, abastecimiento alimentario, apoyo, así como el bienestar físico y mental de quienes ahí se encuentren, agregan.