Santiago.

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulgó este lunes la ley que establece el cargo de Administrador Provisional y Cierre en la Educación Superior, cuyo fin es garantizar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios, en lo que constituye la primera norma de su ambiciosa reforma educativa de su segundo mandato, iniciado en marzo.

Después de siete meses de trámite legislativo, la mandataria logró concretar esta reforma, que busca reducir la desigualdad en este sector, eliminar el lucro de los colegios y universidades con el dinero estatal y acabar con el sistema heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. Es también parte de la respuesta a las masivas protestas estudiantiles desatadas en el gobierno anterior.

Entre las tareas del Administrador Provisional o interventor de universidades en crisis, que es una figura que no existía en la legislación chilena, están recuperar instituciones de educación superior que vean en riesgo su continuidad porque presenten anomalías importantes que hayan sido detectadas por el Ministerio de Educación.

De acuerdo con la ley, el funcionario ocupará ese cargo por un año y puede ser relegido sólo una vez: su responsabilidad será “garantizar la continuidad de los estudiantes, así como su titulación, ya sea dentro de la institución u otro establecimiento.

Si existe un serio riesgo de que la institución no pueda garantizar la viabilidad administrativa, financiera o académica y se afecte la continuidad de los estudios de los o las estudiantes, se va a nombrar un Administrador Provisional, y esta medida será aprobada conjuntamente con el Consejo Nacional de Educación, declaró la gobernante chilena.

Cuando está en riesgo la continuidad de los estudios, el Estado tiene el deber de intervenir haciéndose cargo del proyecto, dijo Bachelet. A partir de 2015 habrá más protección para todos los estudiantes y sus familias, porque no queremos ver casos de universidades que quiebran y los estudiantes quedan abandonados a su suerte, destacó al promulgar la iniciativa en el palacio de La Moneda.

La normativa surgió ante el sonado caso de la Universidad de Mar, que fue cerrada por irregularidades administrativas y mala calidad de algunas de las carreras que impartía, dejando a la deriva a unos 18 mil alumnos. Tales irregularidades comenzaron a detectarse a partir de 2012.

Una auditoría detectó el incumplimiento de los estatutos por parte de la universidad, la mala calidad de las carreras del área de salud, y el abandono del proyecto educativo con la intención de obtener ganancias, situación prohibida por ley.