escuella en el día a día noticioso un plato con un revoltijo de restos de comida podrida. No se trata sólo de los diversos mensajes que los distintos medios quieren enviar a la sociedad mexicana según sus intereses, prejuicios, o sentidos sobre la vida social, sino, también, del mensaje confuso que las élites políticas y, en particular, el mensaje desordenado y/o ininteligible que el Poder Ejecutivo envía con frecuencia a la sociedad mexicana.

Muchas veces el Ejecutivo ha señalado las enormes fallas de los municipios y sus funcionarios como el lugar más vulnerable y susceptible de ser infiltrado por el crimen organizado. No sólo en el sentido de que los presidentes municipales se alían con grupos criminales, sino que los criminales mismos pueden convertirse en la máxima autoridad del municipio. Esto ha sido dicho como condena, o como reclamo o como referencia de una institución desvalida a la que es preciso apoyar. La policía municipal, se dice, es el eslabón más débil de la seguridad pública. El asunto parece de mayores dimensiones.

Es frecuente que la sociedad vea la corrupta penetración criminal, en todos los niveles de gobierno. Hasta hace no mucho tiempo el Ejército y sobre todo la Armada eran misteriosamente vistos como una notable excepción. Acaso esa mirada fuera la necesidad o esperanza de ver algo sano en todo lo relacionado con la actividad criminal. Pero esto ya es también caso casi perdido.

De otra parte, la corrupción no sólo proviene del crimen organizado ni mucho menos. La corrupción del Estado quizá nunca había sido vista en un estado tan avanzado como en la actualidad. Los funcionarios públicos, el sistema judicial, los políticos en general, siempre habían sido visto como corruptos, pero a la vez esta corrupción siempre había sido tolerada por la sociedad como un hecho de la naturaleza de la política. Tanto es así que una entrevista con varios periodistas el 19 de agosto pasado el presidente Peña Nieto dijo con total naturalidad que la corrupción mexicana es un fenómeno cultural (que, seguramente, habita inevitablemente en el ser los mexicanos).

En sentido opuesto, grupos cultivados (que ven esta depravación como un problema institucional), como amplios segmentos del pueblo mismo, están persuadidos de que la corrupción es un carcinoma insoportable. El Presidente espera que en el largo o muy largo plazo (decenios), la educación será el medio para superar está lacra que corroe la vida social en nuestro país.

Mala exhortación, dicho sea de paso, a la élite política (seguramente invountaria): ¡sírvanse con la cuchara grande que por muchos años seguirá habiendo vía libre! Pero ocurrió que en nuestros días las prácticas corruptas vieron la luz pública tal vez como pocas veces en la vida de la República. Casi no hay día en que no tengamos noticia de corrupciones infames del pasado reciente, o del mismísimo presente. ¿Qué le dicen a la sociedad las inauditas decisiones que se tomaron en relación con Raúl Salinas de Gortari?

Fue absuelto de forma definitiva e inapelable de enriquecimiento ilícito estimado en 224 millones de pesos que, según la PGR, provenían de la denominada partida secreta de la Presidencia de la República encabezada por su hermano Carlos y de la que fueron desviados 2 mil 218 millones de pesos entre 1990 y 1994. Apenas en marzo, el titular del juzgado decimotercero de distrito en procesos penales federales con sede en el Reclusorio Sur del Distrito Federal, Carlos López Cruz, ordenó devolver a Juan Manuel Gómez Gutiérrez, presunto prestanombres de Raúl Salinas de Gortari, alrededor de 30 millones de pesos depositados en cinco cuentas bancarias que se mantenían congeladas desde hace 18 años. Las devoluciones de inmuebles fueron incontables. Es decir, a robar que, al final, no pasa nada.

El alma de los mexicanos es de ladrones –diría implícitamente el Ejecutivo–, sólo que no a todos la fortuna los coloca donde hay. Todo lo habría de exacerbar el narcotráfico, el secuestro, los banqueros, una enloquecida desiguadad y una fila de atracos que no para de crecer.

Corregir la corrupción es un problema de instituciones serias (no fingidas) y de leyes serias (no fingidas), que se cumplen. En verdad es preciso un largo periodo para que la sociedad asuma principios civilizados y una posición decidida a no aceptar más la corrupción galopante que nos ahoga pero, ciertamente, ese largo periodo para el cambio de la sociedad parece haber pasado ya en medida considerable. Desde 1968 se dio un quiebre social que inauguró un rumbo distinto, lento y difícil para los mexicanos. Pero el hartazgo y la protesta no ha cesado de crecer.

En el marco de una sociedad furiosa por la ineptitud de las élites políticas para manejar las instituciones de modo que los responsables de las atrocidadades que se cometan sean severamente castigadas, esas élites decidieron otorgarle un perdón sin cortapisas a Raúl Salinas, al tiempo que nos pusieron en vitrina la casa blanca, y la de Malinalco, y un etcétera sin fin y cotidiano. La furia social se vuelve una espiral en ascenso, y el futuro de México queda en un limbo por lo pronto impenetrable, porque, si en la sociedad la inocencia se desvanece a altas velocidades, no aparecen aún liderazgos inteligentes capaces de conducir un cambio de gran profundidad que no termine en una hecatombre represiva, con la que todos perdamos, con el riesgo adicional de quedarnos con un tirano en el poder.