El caso de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, cuyos cadáveres fueron encontrados el 21 de agosto de 2010 en una bodega, llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual aún no ha resuelto si estudiará la petición, informaron a La Jornada abogados que asesoran a familiares de las víctimas.

Karla Domínguez y José Luis Chaires, abogados hondureña y mexicano, respectivamente, dijeron que están a la espera de que el organismo determine si da entrada a la solicitud de algunos familiares de las víctimas, a quienes asesoran desde hace meses.

Según los abogados, los deudos solicitan que se condene al Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos y por la omisión de las autoridades en sancionar a los responsables y reparar el daño.

Añadieron que tras el hallazgo de los restos de los migrantes, las autoridades mexicanas –fundamentalmente peritos y agentes del Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República (PGR)– han obstaculizado la coadyuvancia de los abogados contratados por los familiares de las víctimas, por lo que consideramos que es el típico caso de responsabilidad de funcionarios públicos por denegación de la justicia, dijo la abogada Domínguez.

En tanto, una tarjeta informativa solicitada a la Procuraduría General de la República (PGR) por el Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos revela que policías municipales de San Fernando participaron de manera directa en la matanza de los 72 migrantes cometida por Los Zetas.

Según consta en dicha tarjeta, al menos 17 policías municipales se encargaban de detener personas para entregarlas a Los Zetas, y realizaban labores de vigilancia para dicha organización criminal.

En el espacio radiofónico de MVS, que conduce Carmen Aristegui, se informó ayer que el Archivo Nacional de Seguridad solicitó a la PGR que diera a conocer documentos oficiales relacionados con el caso San Fernando, tras lo cual la dependencia difundió una tarjeta informativa que resume la participación de los policías municipales.

La tarjeta informativa emitida por la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada (Seido) fue generada a partir de averiguaciones previas a la captura de presuntos integrantes de Los Zetas, en las que hay por lo menos ocho testimonios sobre la participación de policías municipales.

El Archivo Nacional de Seguridad, organización estadunidense especializada en el acceso a la información pública, solicitó a la PGR que diera a conocer correos electrónicos, minutas, acuerdos y otros documentos oficiales categorizados como clasificados, relacionados con el caso de San Fernando, dependencia que rechazaba entregar cualquier información con el argumento de que formaba parte de averiguaciones previas.