Madrid.

El juez instructor de Palma de Mallorca, José Castro, no cedió a las presiones y decidió mantener la imputación por dos delitos fiscales contra Cristina de Borbón –hermana del rey Felipe VI–, quien tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados y convertirse en la primera noble europea en afrontar un proceso penal de estas características. El juicio oral podría culminar con una condena hasta de cuatro años de cárcel contra Cristina, además de pagar una multa millonaria por el dinero defraudado al erario público.

El juzgador presentó su escrito final, con el que se abre el juicio oral, en el que confirmó las imputaciones por hasta ocho delitos contra los principales acusados y líderes de la trama de corrupción. El magistrado sostiene que el esposo de Cristina, el ex deportista de élite Iñaki Urdangarin, y su socio, Diego Torres, son los dos cabecillas de la trama mafiosa. Urdangarin utilizó su condición de duque de Palma y sus relaciones públicas con dirigentes políticos para conseguir contratos por obras o proyectos que nunca se llevaban a cabo. Ocurrió en numerosos casos, incluidos supuestos programas de ayuda a la desnutrición infantil en Nicaragua, cuyos recursos se quedaron en la red de empresas fantasmas o asociaciones sin ánimo de lucro que tejió el esposo de Cristina, quien ocupa el sexto lugar en la línea de sucesión a la corona española.

El dinero, en su mayoría procedente de administraciones locales y autonómicas del Partido Popular (PP), era lavado a través de cuentas bancarias en paraísos fiscales de varios continentes. La policía calcula que el fraude podría superar 13 millones de euros (250 millones de pesos). En total hay 20 imputados, por los que se pidieron fianzas de 65 millones de euros.

El caso que más ha indignado a la sociedad y ha provocado el mayor interés en los medios de comunicación es el de la implicación de Cristina, quien durante el reinado de su padre Juan Carlos –que abdicó en abril pasado en favor de su hijo, ante el desgaste de la institución por los numerosos escándalos de corrupción y despilfarro– vivió del dinero público y recibía, en su calidad de miembro de la familia real, recursos públicos tanto económicos como humanos. Cristina de Borbón reside en Suiza desde hace unos meses, cuando el juez la citó a declarar como imputada y se fue cerrando el círculo en contra de ella y su marido.

A pesar del criterio del fiscal, Pedro Horrach, y de que la propia defensa de la hermana del monarca esperaba el sobreseimiento de la causa, el juez Castro mantuvo su criterio original y venció las fuertes presiones que ha recibido a lo largo del proceso para anular o suavizar al máximo la instrucción penal contra Cristina, la primera y única integrante de una casa real europea en ser procesada. El juzgador sostiene en su auto de imputación que Cristina fue una cooperadora necesaria para la comisión de dos delitos fiscales perpetrados bajo la dirección de su marido y desde la empresa que poseían a partes iguales, Aizoon, y desde la que además blanquearon dinero público.

Con esta decisión, el juez Castro adopta una postura intermedia entre la fijada por la Fiscalía Anticorrupción –que pedía el sobreseimiento– y la acusación particular, que reclama el pago de una multa de cuatro millones de euros y una pena de cárcel de ocho años. Cabe recordar que Cristina, a través de sus abogados, ya depositó ante el juzgado los 600 mil euros que, según el escrito del fiscal, es la cantidad total como beneficiaria a título lucrativo. Lo que supondría, si se aplica el mismo criterio que en resoluciones anteriores y establecidas por el Tribunal Supremo, entre seis meses y dos años de cárcel por cada delito cometido. Es decir, que de ser encontrada culpable la máxima pena sería de cuatro años, lo que la obligaría a entrar en la cárcel. Si la pena es menor de dos años, entonces lo más probable es que no pise la cárcel.

La casa real emitió un escueto comunicado en el que expresa su respeto absoluto a la independencia del poder judicial y recordó que Cristina de Borbón ya no forma parte de la familia real y no participa en actos oficiales, con lo que no recibe ninguna asignación pública.

Desde el Partido Socialista Obrero Español se advirtió que la instrucción del juez significa que la justicia es igual para todos y eso puede dar tranquilidad a todos los ciudadanos. Mientras que desde la Izquierda Plural, el diputado Joan Coscubiela, señaló que la independencia del Poder Judicial se ha impuesto, por lo tanto es una buena noticia para la democracia.