Mexicali, BC.

El Congreso local aprobó reformas al artículo 99 constitucional y a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado y Municipios de Baja California (Issstecali), que cancelan la jubilación dinámica del magisterio y condicionan a 60 años de edad y al menos 30 de servicio y de cotización el derecho a la jubilación de profesores y burócratas, informó el priísta David Ruvalcaba, presidente del Legislativo estatal.

Hasta ahora el único requisito de jubilación era 30 años de servicio sin importar la edad. Además, a jubilados y pensionados se les reduce el monto del aguinaldo de 60 a 40 días.

Los legisladores también autorizaron que los adeudos del gobierno estatal (2 mil 859 millones de pesos) y de los cinco ayuntamientos (mil 250 millones) al Issstecali se conviertan en deuda pública.

Aunque la Ley de Coordinación Fiscal federal prohíbe comprometer las participaciones estatales en cualquier tipo de crédito, los legisladores autorizaron usar como garantía de pago estos ingresos, así como subsidios, derechos, contribuciones y otros recursos líquidos que reciban o recauden los gobiernos estatal y municipales.

En una sesión que concluyó la madrugada de ayer, con el edificio cercado por un centenar de policías antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sólo el Partido de la Revolución Democrática sufragó en contra de la reforma al artículo 99 constitucional y a la Ley del Issstecali.

Votaron a favor los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Estatal de Baja California, Nueva Alianza (Panal), Encuentro Social y Verde Ecologista de México.

Victoria Bentley, dirigente del Sindicato de Burócratas de Baja California, y Adrián Palma, delegado especial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), coincidieron en que avalaron la reforma constitucional porque los diputados incluyeron sus propuestas en ella.

El grupo parlamentario de Panal está cnformado por Alberto Martínez, dirigente de la sección 37 del SNTE, e Irma Martínez, ex dirigente de la sección 2, quienes impulsaron los cambios legislativos. Martínez se jubiló en julio de 2014, cuando se enteró de los efectos que tendría de la reforma propuesta por el gobierno del panista Francisco Vega de Lamadrid.

El legislador perredista Roberto Dávalos dijo que no se dio tiempo suficiente a la base magisterial, de burócratas, jubilados y pensionados para que hicieran una contrapropuesta. También votó contra el endeudamiento solicitado por el gobierno del estado y municipios, de 4 mil 109 millones de pesos.

Fuera, en la Plaza de los Tres Poderes, integrantes del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE) protestaron por las reformas y advirtieron que éstas afectarán a cerca de 20 mil empleados del sistema educativo estatal.

Agustín Morales, dirigente del SETE, recriminó a los diputados que a este organismo sindical se le haya impedido hacer propuestas para la reforma, porque tiene que hacerse, pero sin afectar a los trabajadores, como plantea la iniciativa del Ejecutivo.

La propuesta señalaba que la Ley del Issstecali era obsoleta, pues no había sido actualizada desde el 20 de diciembre de 1970, cuando se publicó en el Periódico Oficial del Estado y la institución atraviesa por la crisis más severa desde su creación, de acuerdo con una tarjeta informativa que distribuyó entre los diputados la Secretaría General de Gobierno.

A pesar de que el artículo segundo transitorio apunta que esta reforma se aplicará a “nuevas generaciones, entendiéndose como tales a los trabajadores que ingresen al régimen de seguridad social (…) con el ánimo de no afectar derechos adquiridos y, por tanto, evitar su aplicación retroactiva”, la jubilación del magisterio en activo estará condicionada a 60 años de edad y 30 de servicio.

Entre los supuestos beneficios de la reforma, según el documento, destaca el saneamiento del fondo del magisterio en 35 años y el de la burocracia en el corto plazo. Sin cambios, asegura, el fondo magisterial colapsaría en 2015 y el de la burocracia en 2019.