Los grupos parlamentarios de PRD y PT en el Senado demandaron al gobierno de Enrique Peña Nieto dar por terminado el nombramiento de Alfredo Castillo como comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, toda vez que se trata de una figura anticonstitucional que atenta contra el federalismo y ni siquiera ha servido para solucionar la crisis institucional y la violencia en la entidad.

El PRD, según comentó la senadora Dolores Padierna, llevó ya ese tema a la la Comisión Permanente y espera que en la sesión del próximo martes se discuta la propuesta de que tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la Secretaría de la Función Pública inicien las investigaciones sobre la actuación de Castillo, particularmente en el tema de las autodefensas.

El petista Manuel Bartlett señaló que el comisionado se convirtió en un auténtico virrey que anula la soberanía de Michoacán, ya que se apoderó de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y no sólo no ha podido frenar la violencia, sino que también es responsable de los enfrentamientos entre los llamados grupos de autodefensa.

A su vez, la senadora Padierna, vicecoordinadora del PRD, destacó que su grupo parlamentario impulsa el punto de acuerdo para que la Comisión Permanente demande al presidente Peña Nieto abrogar el decreto por el que se creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán y, con ello, dar por terminado el nombramiento de Castillo Cervantes.

Asimismo, detalló que su bancada plantea que la permanente solicite a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llevar a cabo una investigación sobre el respeto de las garantías fundamentales de los ciudadanos en Michoacán, así como la comparecencia urgente del titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a fin de definir una estrategia para revertir la situación que se vive en la entidad.

La senadora Padierna agregó que la crisis de seguridad que enfrenta Michoacán desde hace más de seis años va en en aumento, ya que poco ha hecho Castillo, un singular personaje vinculado con el titular del Ejecutivo y relacionado con casos como el de la niña Paulette, o la explosión en la Torre B2 de Pemex, en mayo de 2013.

Hizo notar que aunque el pasado mes de mayo se fijó como fecha límite para que desaparecieran las autodefensas, y dar paso a la Fuerza Estatal Rural en casi todo el estado, salvo en el noreste y el oriente, continúan creciendo estos grupos equipados con armas largas y que son acompañados por quienes ya se regularizaron como guardias rurales y se integraron en el mando unificado, coordinándose con la Policía Federal.

Recordó que el alcalde de Uruapan, Aldo Macías, mencionó que a sus cien policías rurales registrados les acompañan tres grupos de autodefensas que responden a tres diferentes líderes e intereses y rondan los 600 o 700 elementos.

A ello se suma, agregó, que el pasado 23 de noviembre, 12 hombres pertenecientes a las autodefensas desaparecieron cuando se dirigían a realizar un operativo en Apatzingán.

Por separado, el senador Bartlett dijo que además de la detención del líder de los autodefensas, José Manuel Mireles, a quien Castillo había reconocido antes, pero luego mandó encarcelar, y los enfrentamientos recientes entre otros dirigentes de esos grupos, la figura del comisionado debe eliminarse, porque es violatoria de la Constitución.

Hay además el riesgo, insistió, de que Peña intervenga en otros estados por la vía de la figura del comisionado.