La Ley Federal de Justicia para Adolescentes no entrará en vigor este sábado 27 de diciembre, ya que el Congreso aprobó posponer su vigencia sin que se exceda del 18 de junio de 2016, para que se homologue con el Sistema de Justicia Penal Oral Acusatorio.

El Senado aprobó la minuta procedente de la Cámara de Diputados, que señala que esta ley entrará en vigor cuando opere en todas las entidades federativas y el Distrito Federal el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Con esta decisión se prevendrá que en materia de justicia para adolescentes existan más sistemas adjetivos que los necesarios, ya que si esta ley entra en vigor el próximo 27 de diciembre, y si la reforma constitucional se aprueba a inicios del próximo año, el nuevo régimen sólo sería aplicable un par de meses.

Se detalla que la reforma constitucional que transformó la justicia para adolescentes y que se reglamenta con esta ley, es anterior a la reforma en materia penal de 2008 por lo que aún no se incluyen todos los principios del Sistema de Justicia Oral Acusatorio.

Advierten los legisladores que la entrada en vigor de esta ley creará un régimen procedimental que se diferenciará sustancialmente de lo que está establecido en la legislación adjetiva aplicable a los mayores de edad, estableciendo relieves significativos que no tienen justificación alguna.

Se recuerda que el Senado aprobó en octubre pasado reformas a la Carta Magna para precisar la terminología utilizada en el artículo 18 constitucional en materia de justicia para adolescentes; se establece que el proceso será acusatorio y oral, se abandona el término reintegración social y se adopta el de reinserción social en justicia para adolescentes, y establece que esta materia será de competencia exclusiva del Congreso de la Unión y lo faculta para expedir la legislación única en la materia.

En el dictamen aprobado se señala que esta reforma unificará la legislación en materia de justicia para adolescentes en el país, pues no existe justificación alguna para que los mayores de 18 años cuenten con un ordenamiento penal garantista y los menores de 18 no tengan esa garantía.

Con esta modificación se prevendrá que no haya más sistemas que los necesarios, y es mucho más garantista el nuevo sistema planteado en la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión a expedir la legislación única en materia de justicia para adolescentes.

En el Senado las comisiones dictaminadoras coincidieron en que el sistema de justicia penal para adolescentes debe ser reformado profundamente y debe incluir todos los principios constitucionales que fundan el sistema oral acusatorio, que se incluyeron en la reforma penal de 2008.

Además, precisan los senadores, “apreciamos que la falta de avances normativos, estructurales y de recursos humanos que se han constatado en materia de implementación de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes pone en inminente riesgo tanto a la correcta aplicación de la ley, como diversos derechos que están considerados en ella, pero que deben ser desarrollados en instrumentos reglamentarios que aún no se han expedido.

Sostienen que el Congreso de la Unión debe explorar vías que permitan resolver estas aristas y buscar mecanismos que armonicen la necesidad de contar con la legislación en la materia, por una parte, y la implementación de mejores estándares de derechos a través de leyes más garantistas.