Río de Janeiro.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y su ministro de Hacienda, Guido Mantaga, integran una lista de 11 personas citadas en un proceso judicial que impulsa la ciudad estadunidense de Providence, capital del estado de Rhode Island, contra la estatal brasileña Petrobras.

Todos están mencionados en calidad de personas de interés para la acción y no como acusados. Se les cuestiona haber firmado publicaciones que sirvieron de base para la adquisición, por inversionistas, de los títulos de deuda llamados American Depositary Share, que causaron pérdidas a quienes los adquirieron a consecuencia de la red de corrupción destapada en marzo pasado.

Según informa hoy el diario O Estado de Sao Paulo, también están citados el ex presidente de Petrobras, Sergio Gabrielli; el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, Luciano Coutinho; la ministra de Planificación, Miriam Belchior; los ex ministros de Minas y de Energía, Silas Rondeau y Marcio Zimmermann, y el ex presidente del Tribunal de Cuentas, Marcos Sergio Quintella, entre otros.

Lo que estipula la ley

Por ley, dependiendo del desarrollo de la acción, del surgimiento de nuevos hechos, de las pruebas que se vayan adjuntando a los autos, los abogados pueden pedir al juez que estas personas sean llamadas a declarar o incluso transformarlas en acusados, afirmó el abogado estadunidense James Munisteri, del bufete de abogados Gardere, de Texas.

El litigante agregó que las personas consideradas de interés para la acción pueden ser acusadas formalmente, en caso de que quede comprobado que sabían que las informaciones dadas a los eventuales compradores eran falsas o que se confirme que actuaron con grave negligencia al firmar los informes sin leer a fondo su contenido.

La prensa brasileña informó el viernes que la actual presidenta de Petrobras, Graça Foster, y otras autoridades que integraron el consejo de administración de la petrolera están citadas en este proceso como acusadas.

Además de Foster están procesados el director financiero de la compañía, Almir Barbassa; tres funcionarios de la estatal, 11 ejecutivos de empresas subsidiarias y 15 bancos vinculados a la emisión y venta de papeles de la petrolera.

El proceso impulsado por Providence es la cuarta acción legal colectiva iniciada este mes en Estados Unidos contra la petrolera, inmersa en un escándalo de corrupción desde marzo, cuando un ex director relató a la policía la existencia de una red ilegal que desvió entre 2004 y 2012 unos 3 mil 900 millones de dólares.

Los demandantes en todas las acciones alegan haber sufrido perjuicios, porque los papeles comprados perdieron valor a raíz de las denuncias de corrupción.

También acusan a Petrobras de haber puesto en riesgo el dinero de los inversionistas en forma deliberada por no haber informado sobre los actos de corrupción denunciados, haber inflado los valores de activos de su balance para ocultar el recibo de sobornos y haber incluido informaciones engañosas y poco precisas en los informes que se distribuyeron a los inversionistas ofreciendo los bonos.

Además de Petrobras, Providence imputó a sus subsidiarias en el exterior Petrobras International Finance Company, con sede en Luxemburgo, y Petrobras Global Finance BV, con sede en Holanda. Ambas fueron las encargadas de emitir los bonos vendidos en el exterior.

Para llevar el caso de corrupción en Petrobras en la jurisdicción brasileña, conocido como Autolavado (Lava Jato), fue designado por autoridades judiciales el juez Sergio Moro.

Con 42 años de edad, aspirante a presidir el Tribunal Supremo Federal de Brasil en sustitución de Joaquim Barbosa, Moro es visto como el experto número uno en lavado de dinero en el país y ha sido designado para rastrear el desvío organizado de entre 3 mil y 4 mil millones de dólares involucrados en el caso Petrobras.

El pasado 14 de noviembre correspondió a Moro firmar la orden de aprehensión contra 21 de los más poderosos y ricos integrantes del selecto empresariado nacional –la mayoría ejecutivos de consorcios constructores que hicieron circular millones de dólares para corromper a funcionarios–, reafirmando así su prestigio como uno de los jueces más respetados de Brasil.

Moro nació en 1972 en Maringá –del estado sureño de Paraná–, donde estudió una licenciatura en derecho que lo llevó a hacer un posgrado en Harvard, ejercer la docencia y convertirse a los 24 años en juez especialista en delitos financieros, cursando un doctorado más, al tiempo que participaba en un resonante proceso desarrollado entre 2003 y 2007.

Se trató del caso Banestado –que culminó con la condena de un centenar de individuos involucrados en el envío ilegal de divisas al extranjero desde distintos bancos de Brasil–, en el que se vio comprometido Alberto Yousseff, cambista paranaense que desde marzo de 2014 es figura clave del asunto de Petrobras.