gual que la población mexicana, también la madre tierra sangra, porque el terrorismo contra los luchadores sociales, los defensores de derechos humanos, los estudiantes y los pobres en general, lo mismo se aplica a ella. A los primeros se les amenaza, encarcela, golpea, asesina o desaparece, mientras a la segunda se le extrae el agua que es la sangre que la alimenta y nos alimenta; se le contamina con los químicos que a diario se le arrojan y se le extraen los minerales, que es como extraerle los órganos que le dan vida. Eso me expresa un campesino como justificación de su oposición y la de sus compañeros a que en el territorio de su pueblo se construyan presas hidroeléctricas, se instalen las empresas mineras para extraer el oro; las petroleras que buscan hacerse del petróleo después que diputados y senadores modificaron la Constitución para que ya no haya prohibición de que las empresas privadas se apoderen de él.

Mientras escucho sus palabras pienso en las discusiones de los pueblos y organizaciones que participan en el Congreso Nacional Indígena (CNI), en el contexto del Festival Mundial de las Rebeldías y las Resistencias, que los ocuparán todo este mes, donde analizarán formas de resistir la destrucción de sus territorios por la construcción de presas hidroeléctricas, gasoductos, acueductos, la extracción de petróleo y minerales, la privatización del agua y el viento, estas formas modernas de privatización de los bienes comunes, a las que ellos se oponen porque atentan contra sus formas de vida. Para defenderse los afectados echan mano de los recursos a su alcance: movilizaciones, denuncias públicas y largos juicios ante los tribunales correspondientes. Por su parte, la falta de argumentos hace que las empresas recurren al engaño, la división comunitaria y el enfrentamiento entre los afectados.

Es el caso del ejido La Sierrita, ubicado en el municipio de Tlahualilo, en el estado de Durango. Su lucha se remonta a 2004, cuando decidieron rentar a la empresa Excellon Resources Inc. cuatro hectáreas de tierra de uso común por un millón 200 mil pesos al año, por un periodo de 30 años, con el argumento que de no hacerlo sus tierras serían expropiadas. A la amenaza se unió el engaño, porque en el contrato no se asentó que las hectáreas rentadas fueran cuatro sino 27, y por el mismo precio. Sobre las tierras rentadas la empresa puso a funcionar la mina La Platosa en ese mismo año, al tiempo que presionaba a los ejidatarios para que le vendieran 2 mil 700 hectáreas de sus tierras; ante tanta insistencia los ejidatarios buscaron asesoría y a principios de 2008 no sólo se negaron a vender, también plantearon la revisión del contrato de arrendamiento con la finalidad de lograr un acuerdo justo y equitativo con la empresa.

Como era de esperarse, la empresa se negó y los ejidatarios decidieron manifestarse de manera pacífica fuera de la mina, lo que obligó a la compañía a dialogar. Tres meses después empresa y ejidatarios firmaron un contrato de ocupación temporal por la renta de mil 100 hectáreas en el que se establecieron cláusulas de carácter social en beneficio del ejido: construcción de una planta tratadora de agua; contratar preferentemente ejidatarios para labores de la mina; administración, por parte de los ejidatarios, del comedor para los trabajadores y del transporte del mineral; becas escolares y el pago de un fondo social. Dos años después los ejidatarios decidieron realizar un ordenamiento para promover su desarrollo comunitario y los trabajadores de la mina formaron la Sección 309 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana.

Toda parecía marchar sobre ruedas, pero la empresa se negó a cumplir sus compromisos y tampoco respondía a las llamadas al dialogo de los afectados. En defensa de sus derechos, desde el 8 de julio de 2012 éstos iniciaron movilizaciones permanentes fuera de la mina y el 4 de septiembre de 2012 demandaron ante el Tribunal Unitario Agrario la rescisión del contrato de arrendamiento y la devolución de sus tierras, porque además la empresa realizó trabajos de exploración fuera del espacio convenido. Desde entonces se ha desatado una campaña de hostigamiento y desprestigio contra los ejidatarios y sus asesores que ha incluido la participación de miembros de Ejército y grupos de choque, así como campañas difundiendo que si el tribunal agrario falla en favor de los demandantes la mina cerrará, dejando a los trabajadores sin empleo y a los pobladores de Bermejillo sin los beneficios de algunos programas de responsabilidad social.

El ejido La Sierrita es sólo un ejemplo de lo que sucede en México. Por eso asiste la razón a quienes afirman que las políticas gubernamentales no sólo sangran a los mexicanos. Por ellas también sangra la madre tierra. Y ella, como los mexicanos, merece ser defendida.