Los robos en México por montos pequeños pueden llevar a la gente a la cárcel con más rapidez que algún delito grave, debido, entre otros factores, a una política de endurecimiento promovida por las grandes tiendas de venta al menudeo, en un fenómeno que perjudica sobre todo a la población más pobre y satura el sistema judicial con casos menores.

En un país donde la impunidad llega hasta 98 por ciento, hurtar una botella de agua o un paquete de pan puede agilizar tanto los mecanismos penales, que un inculpado podría llegar al reclusorio en menos de 24 horas si no tiene dinero para costearse un abogado, como parte de una tendencia que se ha vuelto al mismo tiempo un negocio y un sistema de limpieza social.

El 4 de marzo de 2014, Xicoténcatl tuvo en la mano la cerveza más cara de su vida. Una que trató de robarse y le significó pasar casi dos meses en la cárcel, de donde salió pagando una fianza de 8 mil pesos que le permite seguir su proceso en libertad.

“Ese día estaba tomando con unos amigos, y ya estando medio borrachos se nos hizo fácil meternos a un Oxxo que está cerca de Periférico a robarnos una cerveza. Uno de mis amigos alcanzó a salir, pero yo no. La chica que estaba atendiendo se puso a gritar y me detuvieron unos franeleros que estaban afuera”, narró en entrevista el joven, quien pidió omitir sus apellidos.

Luego de ser arrestado por la policía, el muchacho fue apartado por más de una hora en una patrulla, desde donde pudo ver cómo los agentes se ponían de acuerdo con la dependienta de la sucursal. Después se enteró de que los uniformados la convencieron de acusarlo de robo con violencia por haber supuestamente forcejeado con ella para llevarse la lata.

Consignado en menos de 24 horas

Me detuvieron el 4 de marzo a las 11:40 de la noche, y me remitieron al Reclusorio Sur el 5 de marzo a las 8 de la noche. Me acusaron de haber tratado de robar con violencia, como si me hubiera metido a la tienda con una pistola, y en menos de 24 horas ya estaba consignado en la cárcel, recuerda Xicoténcatl, todavía con asombro.

Aunque recibió sentencia de dos años y medio de prisión, el joven pudo salir mediante fianza ocho semanas después, el 21 de abril, pero todavía sigue sujeto a proceso y debe presentarse a firmar los días 22 de cada mes, pues de lo contrario regresaría a la cárcel de inmediato.

Aunque no niega haber intentado un robo, el muchacho de 27 años, sin antecedentes penales, sigue considerando sospechoso que los policías se tomaran tanto tiempo para hablar con la mujer que lo acusó y se sorprende de que la justicia funcionara con tanta celeridad en su caso, pero con tanta lentitud en otros más graves.

Estando en el Reclusorio Sur conocí historias más trágicas que la mía, como la de un hombre y su esposa que fueron a la cárcel porque su hija se tomó una leche saborizada en un súper y no la habían pagado. Hay muchos que nunca mataron a nadie y están ahí acusados de homicidio, al mismo tiempo que los que sí son culpables nunca pisan una celda, lamenta.

Robar una botella de agua

Casos como el de Xicoténcatl no son aislados. Uno de los que tuviron mayor eco en los medios ocurrió el pasado 19 de febrero, cuando tres policías turísticos de Acapulco detuvieron con exceso de fuerza a una indígena luego que supuestamente trató de robarse una botella de agua de un supermercado, en un incidente que generó indignación en redes sociales y obligó al edil Luis Walton a cesar a los agentes implicados.

El origen de esta línea de endurecimiento, señala Juan Martín Pérez García, secretario ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), es la política de cero tolerancia promovida por el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, quien fue contratado por empresarios en 2003 para formular recomendaciones en materia de seguridad para el Distrito Federal.

Como promotor de la llamada teoría de las ventanas rotas –según la cual deben castigarse con severidad todas las faltas, incluyendo las menores, para evitar que éstas después se generalicen y se vuelvan más graves–, Giuliani vendió la idea de que no hay delitos pequeños, lo cual fue asumido por el gobierno capitalino como parte de su política de seguridad.

En abril de ese año, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó reformas mediante las cuales desapareció el robo simple del Código Penal, por lo que este delito en cualquiera de sus modalidades se castiga con cárcel y sin derecho a fianza.

Lo anterior generó una desproporción totalmente violatoria de los derechos humanos que se ha mantenido intacta e incluso se ha agudizado, con diversas reformas en las que ya no importa el monto de lo robado, sino que el sólo hecho de robar ya exige una consignación, añadió el especialista.

En charla con La Jornada, un ex funcionario de la Procuraduría General de Justicia del DF –que pidió anonimato– confirmó que por presión de las tiendas de autoservicio a la Asamblea Legislativa, el robo empezó a ser castigado siempre con prisión, cuando antes sólo ameritaba una multa si el costo de lo hurtado era menor a 20 salarios mínimos.

Dicho cambio provocó que “más o menos 90 por ciento de los casos que se llevaban a los juzgados de delitos no graves fueran de robos. Hasta decíamos en ese entonces: ‘vamos a ser más bien los juzgados de robos de Walmart’”, recordó.

Para asegurarse que los autores de robos-hormiga (o farderos) no van a salir libres, la parte acusadora tiene varias opciones para agravar el delito, como alegar que éste se cometió con violencia o con algún objeto con apariencia de arma, aunque no sea así, indicó el ex servidor público.

Así, si el acusado forcejeó para defender el objeto que quería hurtar o trató de darse a la fuga, es posible consignarlo por robo agravado. Dar un empujón, echarse a correr o realizar casi cualquier acto físico puede interpretarse como que quieren evadir la acción de la justicia y por lo tanto son llevados a la cárcel, aun sin que haya sentencia definitiva.

Sistema penal caro

Este proceso sale más caro para todo el sistema penal que la misma sentencia, sobre todo si se trata de bienes sin mucha cuantía. Como el afectado ya no puede otorgar el perdón, el sistema se va saturando con pequeños robos, en vez de concentrarse en castigar delitos más graves, deploró.

Según datos de la Secretaría de Gobernación de diciembre de 2013, el gobierno gasta un promedio de 130 pesos diarios por cada uno de las más de 240 mil internos que hay en el país, lo que arroja un total de casi 32 millones de pesos al día y 11 mil 680 millones anuales.

Además de representar un gasto considerable para el sistema penal, la política de enviar a la cárcel a los autores de robos pequeños también significa un negocio encubierto entre funcionarios de agencias del Ministerio Público y empresas afianzadoras que prestan dinero a los familiares de los acusados para que salgan libres bajo caución, dijo Pérez García.

“Los principales afectados por esta situación son los jóvenes y las personas sin dinero para pagar un abogado o sobornos para evadir la cárcel. Se ha dado a esto un uso de limpieza social, para atacar a los más pobres y generar una industria con ellos. También forma parte de una sociedad que va creciendo con el temor a los jóvenes, a quienes se les considera fuera de control”, recalcó.