Para hacer más eficiente el sistema de vacunación, senadoras del PRI y PVEM propusieron actualizar la Ley General de Salud. Los cambios serían para eliminar barreras regulatorias, presupuestales, operativas y de producción de vacunas a fin de colocar a México como punta de lanza en la materia y asegurar que ningún mexicano muera por enfermedades prevenibles.

Se propone, asimismo, consolidar la vacunación como un derecho, otorgar a las vacunas el carácter de insumos de seguridad nacional, fortalecer el papel conductor del Consejo Nacional de Vacunación para garantizar la rectoría normativa del Poder Ejecutivo federal y reforzar la operación continua del programa, incluyendo el establecimiento de mecanismos para la coordinación de compras en todas las instituciones de salud.

La propuesta es de las senadoras del PRI, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Claudia Pavlovich Arellano, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera, así como de María Elena Barrera Tapia, del PVEM.

Plantean que se deben consolidar los mecanismos de análisis y toma de decisiones para asegurar la oportuna incorporación de nuevas vacunas al esquema de inmunizaciones, así como garantizar que cada año se cuente con los recursos etiquetados para la adquisición y aplicación de las vacunas incluidas en el Esquema de Vacunación.

Señalaron que la evidencia publicada ha demostrado que la vacunación es la intervención en salud más costo efectiva y este elemento permitirá determinar los nuevos biológicos que se podrían incorporar al esquema de vacunación como obligatorios.

La exposición de motivos da a conocer que para ser exitosas, las estrategias de inmunización de la población contra enfermedades catastróficas, dependen de la adopción de medidas de carácter nacional, obligatorio, predominante e incontrovertible, y que ante una emergencia sanitaria, se puedan definir medidas extraordinarias.

Por ello se necesita determinar con claridad en el ordenamiento correspondiente, que las disposiciones en materia de vacunación sean adoptadas exclusivamente por el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Salud, única responsable de la determinación e instrumentación de las políticas de prevención, control y atención de riesgos sanitarios.