l asesinato del sacerdote Gregorio López Gorostieta, por desgracia no es un accidente ni tampoco un hecho aislado. El secuestro y muerte del padre Goyo ha desatado nuevamente indignación que sacude al país entero. Evidencia la vulnerabilidad de instituciones y aquellos agentes pastorales que han hecho suyos los reclamos de poblaciones enteras que están a merced del crimen organizado como acontece en la zona de tierra caliente. El papa Francisco, atento, nuevamente impone ritmo. No sólo se conmueve por el artero asesinato del sacerdote sino que le llama víctima de una injustificable violencia.

Ser ministro de culto es una tarea de muy alto riesgo en el México actual, convulsionado por violencia, la corrupción y la impunidad. Con una reputación bien ganada, nuestro país se destaca por ser el país donde más se asesina al clero. Con datos del Centro Católico Multimedial (CCM), en los 24 años han sido asesinados 48 a miembros de la Iglesia católica, de los cuales dos permanecen en calidad de desaparecidos.

El centro revela que México es el país más peligroso para los sacerdotes católicos en América Latina. Yo me pregunto por la situación de otros ministros de culto evangélico del cual no tenemos cifras ni datos consolidados. Pero estamos seguros que no escapan al entorno de inseguridad sangrienta, con un componente adicional: la intolerancia.

La impunidad y la incapacidad de hacer valer la justicia son la tónica que acompaña los crímenes. Nos remite al asesinato aún no aclarado del cardenal Jesús Posadas Ocampo, acaecido el 24 de mayo de 1993.

El CCM en su reporte anual 2014, registra que en los dos primeros años de la administración del gobierno de Enrique Peña Nieto se tiene registro de nueve sacerdotes asesinados. Tan sólo en 12 meses, dos sacerdotes adscritos a la arquidiócesis de Acapulco han sido ultimados y dos más, de la diócesis de Ciudad Altamirano, ambas en el estado de Guerrero. Las entidades más peligrosas de la República son: Guerrero, Michoacán, Distrito Federal y el estado de México.

Sólo para que tenga usted una idea de la magnitud del fenómeno, según Gutiérrez Casillas, en su libro Historia de la Iglesia en México, en la guerra de Reforma de 1855 a 1867 fueron sacrificados más de 11 sacerdotes. Es decir, en dos años las cifras son comparables a una contexto de guerra en México en la que el clero fue un actor activo.

En efecto, desde el siglo XIX hasta bien entrado el XX los sacerdotes católicos han sufrido persecución y muerte. Los curas fueron pasados por las armas a causa de motivos políticos, ideológicos y por un exacerbado anticlericalismo.

El historiador Jean Meyer en su famosa Cristiada contabilizó que entre 1926 y 1929 fueron consumados 125 crímenes de sacerdotes. El presidente Plutarco Elías Calles, Jefe máximo de la Revolución (1924 a 1928), reconoció, en una entrevista con el periódico londinense Daily Express a principios de 1928, que él había hecho fusilar a 50 sacerdotes.

Muchos de ellos no tuvieron juicio, la mayoría fueron inmolados sin que se les comprobara su participación en la guerrilla católica.

El caso más dramático fue del jesuita Agustín Pro, ajusticiado el 23 de noviembre de 1927. Todavía hasta los años 70, bajo la llamada guerra sucia, Sergio Méndez Arceo salvó su vida después de sufrir un atentado de la ultraderecha católica, hoy El Yunque, en el aeropuerto en mayo de 1972, cuatro meses después fue agredido con ácido sulfúrico en una mesa redonda que se desarrollaba en Ciudad Universitaria. No tuvieron la misma suerte, tanto el sacerdote Rodolfo Aguilar, secuestrado y asesinado el 21 de marzo de 1977 ni el cura Rodolfo Escamilla, acribillado el 27 de abril de 1977.

Sin embargo, en la actualidad se han diversificado los móviles. No son sólo perpetrados bajo la consigna ideológica ni de anticlericalismos radicales. Los actores religiosos han sido alcanzados por la cultura de la muerte. El exterminio de sacerdotes no es privativo hacia la institución católica, más bien refleja la violencia sistémica y generalizada en el país.

Eso sí, se ensañan con aquellos curas que se atreven a defender su comunidad y denunciar los atropellos del crimen organizado en colusión con las estructuras de gobierno. Los levantones, extorsiones y asesinatos de los religiosos evidencian el martirio que cotidianamente vive la sociedad.

Coincido con los cuestionamientos del otro padre Goyo, de Michoacán, al acreditar la tibieza con la que ha actuado el episcopado mexicano. No bastan gestos ni comunicados, aun fuertes como el ¡Ya Basta!, son recursos insuficientes ante las miles de amenazas y advertencias al clero, de los cuales se han presentado sólo 500 denuncias de extorsión.

El papa Francisco ha tenido el don de la anticipación y siempre ha ido adelante del episcopado mexicano como animándolo a ir más lejos y ser audaces. Las experiencias latinoamericanas de los años 70 muestran que ante la represión generalizada de las dictaduras militares, las Iglesias tuvieron que jugar con firmeza un papel de protección no sólo de sus miembros, sino de la propia población. Ahí está la experiencia de la CNBB de Brasil o la construcción de instrumentos específicos como la Vicaría de la Solidaridad en Chile.

Dicho de otra manera, la Iglesia tiene la exigencia de jugar un rol de protección de la integridad y la defensa de la vida no únicamente de su cuerpo eclesial, sino de la población. Para resguardarse, la Iglesia tiene que ser solidaria con la sociedad y ser mucho más crítica con la clase política. Hay una vasta red de experiencias de organizaciones católicas de defensa de los derechos humanos que requieren ser protegidas y potenciadas.

El episcopado está obligado a salir de su zona de confort clerical, abandonar el glamour que otorga el roce del poder; salir a la periferia como mandata Francisco y escuchar los lamentos de su pueblo que exige justicia, fin a la impunidad y perseguir la corrupción. No hacerlo, es exponer aún más a decenas de actores religiosos como Raúl Vera, Alejandro Solalinde, Pedro Pantoja y Gregorio López Jerónimo, por mencionar sólo a algunos.