El PRD en la Cámara de Diputados informó que solicitará la comparecencia ante la Comisión Permanente de los presidentes de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Mario di Costanzo y Jaime González Aguadé, respectivamente, para que expliquen por qué no alertaron a tiempo a las miles de víctimas de la quiebra de Ficrea.

El coordinador de la fracción perredista, Miguel Alonso Raya, Informó que la solicitud se debe a que el PRD recibió documentación de los ahorradores, en la cual se denuncia que entre el primero y 6 de noviembre salieron 470 millones de pesos de la caja de Ficrea y Leadman and Trade, cuando la CNBV y la Procuraduría General de la República (PGR) ya tenían a estas empresas bajo investigación.

Debieron alertar a ahorradores

Refirió que el expediente incluye acusaciones contra la CNBV, la Condusef, así como a la PGR y la Secretaría de Hacienda, por haber incurrido en serias faltas de supervisión y seguimiento en la operación de Ficrea, por no actuar en tiempo y forma, como lo establece la Ley de Protección a los Ahorradores, y por permitir y consentir que más ahorradores colocaran sus recursos en Ficrea entre marzo y noviembre de 2014, cuando las autoridades y en especial la CNBV ya tenían conocimiento de operaciones irregulares.

Alonso Raya consideró que la PGR debe investigar a fondo y castigar a los socios y directivos de la Sociedad Financiera Popular, particularmente al socio mayoritario, Antonio Olvera Amezcua.

Se trata, cuestionó, de presuntos responsables de triangulación y desvío de recursos hacia gastos personales, lavado de dinero y diversos delitos financieros y fraude.

Refirió que la Condusef no ejerció las atribuciones que le dotó el Congreso como parte de la reforma financiera, entre éstas integrar un buró de entidades financieras, que incluya a los productos que éstas ofrecen, sus comisiones y tasas, prácticas, sanciones administrativas y reclamaciones.

La reforma, dijo, también otorgó mayores atribuciones a la CNBV para vigilar y supervisar a los bancos, proteger a los usuarios y al sistema financiero en su conjunto.

Lamentablemente en este el primer gran caso de fraude que involucra a un prestador de servicios financieros después de la reforma, ni una ni otra institución cumplieron su responsabilidad. En consecuencia, una gran parte de los 6 mil 800 ahorradores corre el riesgo de no recuperar totalmente sus recursos o al menos pasará un largo tiempo para poder acceder a ellos, expuso.