Funcionario indica que su presencia ponía en riesgo la integridad de los reos, señalan
A petición de familiares, pretendían conocer el estado físico y legal de los dirigentes
Viernes 2 de enero de 2015, p. 8
El gobierno de Puebla, encabezado por Rafael Moreno Valle, impidió a diputados federales del PRD –integrantes de la Comisión de Derechos Humanos– ingresar a los penales de San Miguel, en la capital poblana, y al de San Pedro, en Cholula, para conocer el estado físico y legal de dirigentes de movimientos sociales encarcelados por esa administración.
Al responder a la solicitud de los familiares de los 45 presos políticos para que legisladores acudieran a conocer la situación de éstos en ambos penales, Roberto López Suárez, responsable de apoyo solidario para los Movimientos y Organizaciones Sociales del PRD, envió un oficio a Azucena Márquez, directora general de los centros de reinserción social de Puebla con objeto de permitir el paso a esos sitios a las diputadas y diputados, Roxana Luna, Carlos Reyes Gamis, Alliet Bautista, Joaquina Navarrete y Juana Bonilla.
En nombre del Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla, Dora Luz Sánchez y Ariana Mercedes Torres pidieron al diputado López Suárez realizar una visita a ciudadanos poblanos recluidos por problemas de carácter social, para efectos de constatar su estado físico, situación legal y condiciones en que se encuentran, toda vez que a raíz de su detención se han modificado deliberadamente los requisitos para las visitas
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La petición de visita y diálogo incluye a los presos Rubén Sarabia Sánchez, Atl Rubén Sarabia Reyna, Jairo Javier Montes Bautista –presidente auxiliar de Chalchihuapan–, Florentino Tamayo Ponce, Vicente Juárez Varela, Fausto Montes García y Bernardino Ocotl Ocotl, todos de la población de Chalchihuapan. También se encuentra entre los incomunicados Raúl Pérez Velázquez, presidente auxiliar de la comunidad indígena de San Miguel Canoa.
Pese al cumplimiento del requisito legal para ingresar a los penales citados, la administración de Rafael Moreno Valle negó tajantemente tal posibilidad a los diputados, además de que la instancia legislativa ya había solicitado previamente dicha autorización.
Roxana Luna, quien ha sido amenazada por autoridades poblanas al respaldar los movimientos comunitarios contra las acciones del gobierno del estado, detalló la postura de la autoridad:
“Desde el 29 de diciembre solicitamos a la directora de los centros de readaptación social aquí en Puebla, Azucena Márquez, el ingreso a los dos penales de San Miguel y San Pedro Cholula, que es donde están concentrados los presos. Al llegar a esos sitios acompañados de los familiares de los presos, un funcionario –que se se hizo llamar el licenciado Roberto– nos notificó que no podíamos ingresar porque poníamos en riesgo la integridad de los presos.
“Le hice alusión que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el día 11 de diciembre, otorgó medidas precautorias para que no fueran violentadas las garantías de los presos, de acuerdo a lo que establece el artículo primero de la Constitución, y que la determinación de no permitir visitas a los presos viola su derecho a un digno proceso.
Aún así el licenciado Roberto nos dijo que él no podía permitir que ingresáramos al penal, porque había órdenes expresas del gobierno del estado de no permitir que ningún diputado ingresara al Cereso.
Indicó que esta situación se torna cada vez más grave, pues las acusaciones contra los líderes sociales se dan a partir de la criminalización de la protesta social, en un gobierno estatal que tiene a 45 activistas encarcelados.
Los diputados acordaron regresar el próximo martes, ya con la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
