Desde 2011, más de 100 familias de diversas comunidades de los Altos de Sinaloa tuvieron que huir de sus lugares de origen para no morir en los enfrentamientos entre dos cárteles rivales, los cuales los obligan a dejar sus casas para quedarse con el territorio donde viven y, aunque conoce la situación, el gobierno del estado no admite el problema ni ha hecho nada por ayudar a los afectados.

Así lo denunció la integrante de uno de los pocos grupos de víctimas de desplazamiento forzoso que se han organizado para documentar el fenómeno, denunciar lo ocurrido y exigirle a las autoridades estatales y federales que reconozcan la existencia de dicho conflicto y actúen para resolverlo.

Como se informó recientemente en estas páginas (La Jornada 31/12/2014), la estrategia de seguridad que puso en marcha el gobierno de Felipe Calderón provocó que una gran cantidad de personas que se vieron en medio del fuego cruzado entre grupos delincuenciales o entre éstos y las fuerzas armadas tuvieran que salir de su hogar para espacar de la violencia.

Aunque no hay cifras oficiales sobre la magnitud del problema de los desplazados, el Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno señaló que entre 2011 y 2013 unas 160 mil personas tuvieron que salir de sus lugares de origen en varios estados de la República, de las cuales casi 142 mil lo hicieron para escapar de la inseguridad.

¿Quién sigue?

En entrevista, una de las víctimas de este desplazamiento forzoso accedió, bajo condición de anonimato, a narrar la forma en que tuvo que salir de su comunidad, sin que ninguna fuerza de seguridad evitara que fueran agredidos y amenazados por grupos de la delincuencia organizada.

Desde 2011, en unas 40 comunidades de los Altos de Sinaloa, en la sierra, apareció un grupo armado que dijo que era de los Beltrán Leyva, y empezó a matar personas sin motivo alguno. Robaban en tiendas de abarrotes, cargaban gasolina a sus carros sin pagar y siempre llegaban disparando para atemorizar a la gente, recordó la mujer.

El momento en que la familia de la entrevistada –y muchas otras– decidió que era tiempo de huir de la comunidad de Ocuragüe, donde vivían, fue el 10 de enero de 2012, cuando uno de sus vecinos fue asesinado junto con todos sus seres queridos.

“Nos vimos en la necesidad de salir porque ya no podíamos andar con libertad. Tan sólo de Ocuragüe nos fuimos 110 familias. Nos dedicábamos al comercio e íbamos a surtirnos a Guamúchil, pero nos detenían en el camino y nos amedrentaban. Cuando mataron a esa familia, todos nos preguntamos ‘¿quién sigue?’ y fue un terror”, lamentó.

Desde su exilio en una ciudad más grande de esa misma región, la mujer siguió escuchando noticias de cómo los narcotraficantes quemaban casas, mataban a quienes se les oponían y desalojaban comunidades enteras.

Hacer cualquier cosa en las rancherías se volvió tan peligroso, dijo, que nadie quería ni levantar los cuerpos de los fallecidos para no comprometerse. La situación se agravó aún más cuando llegó otro grupo armado a la zona, que se identificó como gente de El Chapo Guzmán, pues comenzó a enfrentarse con el cártel rival y a atacar a los civiles que todavía permanecían ahí.

Denunció que aunque las personas que vivían en esa zona se organizaron para documentar lo ocurrido, hicieron un censo de la cantidad de personas afectadas y enviaron cartas y peticiones a todas las autoridades estatales y federales, hasta el momento ningún gobierno admite el problema y, por lo tanto, no han hecho nada para resolverlo.

En agosto del año pasado (2013), conseguimos que el Ejército nos escoltara para regresar, pero poco antes de que llegáramos los soldados se nos adelantaron y nos dejaron solos atrás. Cuando llegamos, ahí estaban los hombres armados, nos regresaron y nos trataron muy mal. Parece ser que (los uniformados) estaban en complicidad, resaltó.

Decepcionados porque el gobernador Mario López Valdez sigue afirmando que no hay víctimas de desplazamiento forzoso en Sinaloa, y porque el presidente Enrique Peña Nieto no cumplió con sus promesas de ayuda –hechas durante su visita a Culiacán en marzo de 2013–, los afectados advierten que la situación puede generar mayor violencia.

Nuestros hijos ya están grandes y se empiezan a rebelar porque otros están ocupando lo que es de nosotros. No quisiéramos, pero si el gobierno no nos hace caso, la gente puede levantarse como las autodefensas de Michoacán, alertó la víctima de desplazamiento forzoso.