Las violaciones de derechos humanos que ocurren actualmente en México, como el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa y la ejecución de al menos 15 presuntos delincuentes en Tlatlaya, tienen una conexión directa con la impunidad en la que quedaron los crímenes de la llamada guerra sucia, señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el informe sobre su 153 periodo de sesiones –realizado del 23 de octubre al 7 de noviembre del año pasado–, el organismo hizo un análisis de diversos problemas en el continente, y en el caso de México destacó en primer lugar la impunidad de los abusos ocurridos tanto en décadas pasadas como en la actualidad.

Al abordar el tema de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) –creada en 2002 por iniciativa del entonces presidente Vicente Fox y desaparecida en 2007–, la CIDH indicó que varias organizaciones de la sociedad civil lamentaron que el cierre de dicho organismo se llevó a cabo sin justificación y sin haber cumplido su mandato de investigar los crímenes de la llamada guerra sucia.

En respuesta, el Estado mexicano admitió que los resultados de la Femospp fueron muy limitados y aseguró que está trabajando en la reconstrucción de la indagatoria, dándole prioridad a la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada. Igualmente, reconoció la existencia de fallas estructurales profundas en el sistema de impartición de justicia.

Con respecto a este tema, la CIDH manifestó que existe una conexión entre la impunidad por los crímenes de la guerra sucia y los trágicos acontecimientos sufridos recientemente en el país, y lamentó que a la fecha sólo exista una sentencia condenatoria por los delitos ocurridos en décadas pasadas, la cual ni siquiera se ha ejecutado por la avanzada edad del imputado, en alusión al ex presidente Luis Echeverría.

Ayotzinapa y Tlatlaya, pruebas a la fortaleza institucional

Al abundar sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y la ejecución de al menos 15 presuntos delincuentes en Tlatlaya, los representantes del Estado mexicano señalaron que estos hechos ponen a prueba los avances normativos y la fortaleza institucional en derechos humanos y se comprometieron a investigar los hechos, sancionar a los responsables y ayudar a las víctimas.

Al respecto, las organizaciones participantes en las audiencias subrayaron que México atraviesa desde hace varios años una crisis de derechos humanos que no ha sido atendida, y resaltaron que los hechos violentos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, son el resultado de la perpetuación de violaciones graves cometidas por agentes estatales, así como de la ausencia de medidas efectivas de prevención, investigación y sanción.

Los colectivos enfatizaron que la impunidad sigue siendo una constante estructural e histórica a pesar de diversos avances legales, lo cual ha provocado que 98 por ciento de los delitos no sean castigados en el país.

Este fenómeno de impunidad, recalcaron, tiene que ver con la falta de capacidad institucional de las agencias de investigación y la falta de voluntad de las propias autoridades para investigar y sancionar casos en los que se encuentren involucrados integrantes de sus instituciones.

Por su parte, la CIDH lamentó los dramáticos hechos acaecidos recientemente en el Estado mexicano y manifestó su interés por conocer las medidas que tomará para dar respuesta a estos hechos, en particular las relativas a la puesta en marcha de protocolos de búsqueda de personas desaparecidas.

De igual forma, consideró que México enfrenta el reto de lograr una coherencia entre la buena voluntad de las autoridades federales y las actuaciones de las autoridades a escalas estatal y municipal.

Megaproyectos y ley antimarchas son causa de preocupación

En su informe, la CIDH también manifestó su preocupación por la tendencia de las autoridades a restringir la libertad de expresión y la protesta social en el país desde 2012 por conducto de iniciativas de ley –algunas de ellas ya aprobadas– que buscan restringir el uso del espacio público para manifestaciones sociales.

Asimismo, el órgano con sede en Washington, lamentó el excesivo uso de la fuerza de las autoridades durante las manifestaciones, no sólo contra los que hacen parte de ella, sino contra las personas que documentan su desarrollo.

La CIDH también tomó nota de las denuncias realizadas por varias organizaciones civiles con respecto a la forma en que los llamados megaproyectos económicos afectan la biodiversidad cultural del país y violan de forma continua los derechos de los pueblos indígenas, así como sobre los peligros de las semillas transgénicas y la criminalización de los activistas que defienden los recursos naturales de los pueblos.

En respuesta, el Estado mexicano aseguró que desde 2013 existe un protocolo para realizar consultas previas antes de poner en marcha los citados megaproyectos y destacó que hay estudios científicos según los cuales los transgénicos no tienen un impacto ambiental negativo.