l gobierno israelí decidió ayer no entregar a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) más de cien millones de euros de los impuestos que recauda a nombre de ésta, como venganza por la decisión del gobierno que encabeza Mahmud Abbas, anunciada la víspera, de pedir la adhesión de Palestina a la Corte Penal Internacional (CPI).

En efecto, el viernes pasado, el representante palestino ante la Organización de Naciones Unidas, Riyad Mansour, presentó su solicitud para sumarse a ese órgano jurídico internacional con el propósito de buscar justicia para los crímenes perpetrados por los ocupantes israelíes en Gaza, Cisjordania y la porción oriental de Jerusalén.

La insólita respuesta de Tel Aviv a este empeño de hacer valer la justicia internacional y de dirimir el conflicto entre las partes en un marco legal reconocido fue, como lo señaló Saeb Erekat, coordinador de los negociadores palestinos, un nuevo crimen de guerra: suspender la estrega al gobierno de Ramallah de los recursos fiscales que legítimamente pertenecen a la nación ocupada y que son recaudados por las autoridades israelíes por el poder de facto que les otorga su condición de ocupantes.

Como se recordará, tanto Israel como Estados Unidos han expresado su férrea oposición a que la Autoridad Nacional Palestina se incorpore a la CPI, por el temor de que el primero de esos países sea sometido a procesos penales por las atrocidades cometidas en los territorios palestinos. Sólo en la más reciente de las escaladas militares emprendidas por Tel Aviv contra Gaza, la denominada Operación Margen Protector –en julio y agosto del año pasado–, las tropas israelíes asesinaron a más de 2 mil palestinos, civiles en su mayoría, y destruyeron unas 20 mil viviendas, en lo que diversos organismos internacionales como Amistía Internacional han calificado como crímenes de guerra. Recién terminada esa ofensiva, el gobierno de Benjamin Netanyahu se adueñó ilegalmente de 400 hectáreas de Cisjordania. Con estos antecedentes, es claro por qué Tel Aviv y su protector y aliado, Washington, desean impedir a toda costa que la voz palestina pueda ser escuchada y atendida en la Corte Penal Internacional, y por qué el primero ha decidido la suspensión de la entrega de los recursos fiscales palestinos al gobierno de Mahmud Abbas.

Es evidente que tal decisión coloca a la ANP ante una situación de virtual asfixia financiera, pues depende de esos impuestos para pagar los sueldos de sus funcionarios y financiar las pocas actividades gubernamentales permitidas por la ocupación militar israelí. Es decir, se aplica sobre el pueblo palestino y su dirigencia una nueva vuelta de tuerca, adicional a la permanente agresión militar, el robo de territorios cisjordanos, el inhumano bloqueo contra Gaza y la negación de sus derechos nacionales. Por añadidura, Tel Aviv externa otra muestra de desprecio a la legalidad internacional y a las vías jurídicas establecidas para la resolución pacífica de conflictos. Y la puntilla del descaro es la afirmación del gobierno de Netanyahu de que, al buscar su adhesión a la CPI, los palestinos obstaculizan el proceso de paz. Es urgente y necesario, por ello, que la comunidad internacional se manifieste en contra de este nuevo atropello y que respalde en forma decidida la aspiración palestina a sumarse al organismo jurídico mencionado.