La Ley General de las Ciudades y el Territorio estipula sanciones como la inhabilitación y hasta siete años de cárcel para funcionarios federales que permitan asentamientos humanos en zonas de riesgo. Mejor conocida como reforma urbana, esta legislación, que se discutió y preparó por más de dos años, finalmente no fue aprobada en el Senado en el pasado periodo de sesiones.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, el panista Francisco Búrquez Valenzuela, comentó que, de manera sorpresiva, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidió que se retirara de la agenda el pasado 11 de diciembre, pese a que estaba ya en primera lectura. Lamentó que no se diera el acuerdo dentro de la fracción priísta en torno a esa ley, que contaba con el respaldo del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín.

Es preocupante, dijo, que el gobierno federal y su partido no consideren prioritaria esa reforma y advirtió que cada año que pase la administración de Enrique Peña Nieto deberá asumir la responsabilidad de las muertes y tragedias que ocurran por desastres naturales, y por no regular la presencia de población en asentamientos propensos a deslaves u otros riesgos.

En la exposición de motivos del dictamen, aprobado en comisiones, se detalla que la intención de esa reforma es regular el desarrollo urbano e impedir asentamientos humanos en zonas de alto riesgo o no aptas para su ocupación.

Los legisladores citan cifras del Banco Mundial sobre el alto costo de instalar infraestructura básica, como luz y drenaje, en terrenos irregulares, que es 10 veces más cara. Estiman que en México se asientan de manera irregular 80 mil hogares al año.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social, 37 por ciento de la población urbana vive en terrenos irregulares y sin acceso a servicios básicos, lo que pone en riesgo su integridad física, además de que se afecta el medio ambiente, de forma especial los sistemas hidrológicos.

La ley propone sanciones severas de dos a siete años de prisión y multas hasta 300 veces el salario mínimo vigente, además de la inhabilitación y destitución de los servidores públicos que permitan asentamientos humanos en zonas de riesgo.

Búrquez Valenzuela destacó que se trata de sancionar fuertemente a los funcionarios que permitan que la gente ponga en riesgo su vida y además que se afecte el medio ambiente. En el artículo 60 de ese dictamen se indica que la sanción se aplicará a quienes propicien, autoricen o permitan la ocupación irregular de áreas y predios en los centros de población, suelo de conservación, laderas, barrancas y cualquier zona que represente un riesgo para sus ocupantes.

Asimismo, se obliga a los estados de la República a modificar sus códigos penales para sancionar también a quienes permitan o propicien beneficios de la ocupación irregular de predios en zonas de riesgo.

El legislador panista señaló que insistirá para que se reinicie este mes la discusión en torno a esta reforma, a fin de que sea aprobada en el inicio del próximo periodo de sesiones de febrero.

Búrquez Valenzuela remarcó que se trata de una ley que ha sido ampliamente analizada, discutida con activistas, ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, expertos y académicos, así como con el gobierno federal. Tiene el aval, subrayó, de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, aunque se buscará que el PRI la respalde también.