n dato que resulta muy preocupante surgido en la entrevista realizada por Sanjuana Martínez al doctor Jorge Antonio Montemayor Aldrete publicada este domingo en La Jornada, es la denuncia que hace el investigador del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre el acoso que sufre por algunas personas. Desde hace varios días lo siguen y recibe llamadas telefónicas amenazantes, dice la nota. Todo a raíz de un estudio realizado por él y su colega de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Atzcapotzalco, el maestro en ciencias Pablo Ugalde Vélez, cuyos resultados ponen en duda una parte central de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) sobre lo acontecido con los jóvenes secuestrados en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre.

De acuerdo con la investigación realizada por la PGR, cuyos resultados parciales hizo públicos el 7 de noviembre el titular de esa dependencia, Jesús Murillo Karam, los cuerpos de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa habrían sido quemados en un basurero localizado en el municipio de Cocula, hecho que se sustenta, en la versión oficial, por los testimonios de tres personas detenidas, pertenecientes al grupo criminal Guerreros unidos (Agustín García Reyes, alias El Chereje; Patri- cio Reyes Landa, alias El Pato, y Jona- than Osorio Gómez, alias El Jona). Sin embargo, el estudio realizado por los dos científicos muestra que es imposible que esto haya ocurrido así.

En el reporte técnico firmado por Montemayor y Ugalde se examinan las características físicas del basurero de Cocula donde supuestamente fueron tirados y cremados alrededor de 40 cuerpos humanos. Destaco aquí sólo algunas partes del documento: por las peculiaridades de la pendiente desde una altura de 20 metros y los obstáculos naturales (no puede considerarse un plano inclinado liso) los cuerpos arrojados hubiesen dejado en su trayecto rastros de la piel, sangre, ropa o algunas pertenencias de las víctimas, útiles para el análisis genético, las cuales no fueron encontradas o presentadas.

Además, el espacio físico para la cremación de 43 cuerpos requeriría, de acuerdo con los especialistas, de una superficie rectangular aproximada de 18 metros de ancho por 26 de largo (en el basurero el área con evidencia de calcinación es de apenas cuatro metros cuadrados).

El reporte técnico de los investigadores también aborda el tema de la cantidad de materiales inflamables requeridos en la cremación. Si se empleara sólo madera se requerirían 33 toneladas de troncos de árboles. Si se emplearan sólo llantas se requerirían casi mil, las cuales hubieran generado una enorme columna de humo visible desde varios poblados y una gran cantidad de residuos metálicos que al parecer nadie vio. Adicionalmente, el manejo de los volúmenes de los materiales citados y de los cuerpos requeriría de un equipo humano y un tiempo que no se ajustan a lo declarado por los inculpados. (El reporte completo se puede encontrar en Internet. Puede verse).

Hay dos aspectos en los que conviene detenerse. Por una parte, es cierto que los datos de un reporte técnico como el descrito no deben ser aceptados automáticamente como verdaderos. Pero para negar su validez se requieren las pruebas y los argumentos científico-técnicos que los invaliden. Esto es lo que ocurre regularmente en los medios académicos y científicos. La PGR bien podría recurrir a sus equipos de especialistas para ello (a estas alturas, en mi opinión, está obligada a hacerlo).

En segundo término el licenciado Murillo Karam fue muy enfático al señalar que lo informado el 7 de noviembre: “(…) son avances de la investigación, no son ni pretenden ser conclusiones de la misma. La investigación continúa su curso”; por lo anterior, en mi opinión, el reporte técnico que se comenta debe ser entendido como una contribución para establecer con precisión los hechos en una investigación que no está concluida.

Yo no soy abogado, pero creo que además habría que responder a la pregunta sobre quiénes merecen mayor crédito, si investigadores como Jorge Montemayor y Pablo Ugalde que pertenecen a dos de las más prestigiadas instituciones científicas de México, o El Chereje, El Pato y El Jona, miembros de una banda criminal que se encuentran presos y pueden declarar lo que sea. La PGR debe considerar la posibilidad de que los tres detenidos mientan.

El estudio realizado de forma independiente por los científicos citados es una gran oportunidad que tienen las autoridades para reorientar la investigación con el fin de establecer la verdad de los hechos, que es el objetivo que se han planteado tanto el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, como el propio procurador Jesús Murillo Karam, y de eso se trata, ¿o no?

Por tanto, me parece sumamente grave el acoso a los autores del estudio citado por personas o grupos que interpretan que la indagación de estos investigadores es un ataque contra alguien, cuando en realidad se trata de hechos verificables sobre uno de los temas que hoy más preocupan a los padres de los 43 jóvenes y a todo México: saber qué pasó realmente con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos.

Todos los mexicanos y en particular las comunidades académicas y científicas debemos estar muy atentos sobre las amenazas contra estos dos investigadores, quienes merecen nuestra admiración y respeto por su valor y por emplear sus conocimientos en favor de la verdad ante uno de los hechos más atroces e indignantes que ha vivido nuestro país en las últimas décadas.