Guatemala.

Organizaciones humanitarias y observadores independientes consideraron una bofetada para las víctimas la suspensión de un nuevo juicio por genocidio contra el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt (1982-1983), y externaron su temor de que el caso pueda quedar en la impunidad.

Es lamentable para la democracia del país, declaró Francisco Soto, director del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), querellante en el caso en apoyo a los familiares de las víctimas de genocidio. Consideró que la defensa del ex jefe militar provoca un juego con el objetivo de entorpecer el desarrollo de la justicia y retardar el inicio del proceso.

Jo-Marie Burt, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), quien viajó a Guatemala para observar el proceso, consideró la nueva interrupción del proceso una bofetada para las víctimas. Recordó que se debió esperar año y medio para el inicio del nuevo juicio, para que al final fuera suspendido porque el objetivo de la defensa es no llegar a un nuevo debate.

El inicio del nuevo juicio fue suspendido el lunes después de que el tribunal que llevaría el caso aceptó un recurso de la defensa de Ríos Montt para separar a la presidenta de la judicatura, Jeanette Valdez, por haber emitido una opinión sobre genocidio en una tesis académica en 2004.

Según Burt, Valdez defendió con argumentos razonables su rechazo a la recusación, pues durante la audiencia expuso que sus opiniones sobre el tema del genocidio en una tesis doctoral de 2004 no estaban referidos al caso concreto del juicio contra el militar retirado.

El abogado de Caldh, Francisco Vivar, declaró que el retardo y la denegación de justicia significa impunidad, pero el presidente guatemalteco, Otto Pérez, pidió a la comunidad internacional evitar presiones en el proceso, y reiteró que en el país no se cometió genocidio.

El 10 de mayo de 2013 Ríos Montt fue sentenciado a 80 años de prisión tras declararlo culpable de genocidio y falta de deberes a la humanidad, pero la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial, anuló la condena al alegar errores procesales y ordenó un nuevo juicio.

En otro asunto, Estados Unidos deportó entre lunes y martes a 281 guatemaltecos en tres vuelos que salieron de Texas, informó el vocero de la Dirección General de Migración del país centroamericano, Fernando Lucero.