El anuncio del presidente Enrique Peña Nieto de otorgar beneficios fiscales al agro y a las actividades forestales en Guerrero, Oaxaca y Chiapas se limita únicamente a una deducción sobre la adquisición de maquinaria y equipo, lo cual no es suficiente para reactivar la economía de las comunidades, señaló el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

El anuncio del mandatario en el mensaje nacional del 4 de enero, acerca de que a partir del primer día de este año las actividades agropecuarias de Chiapas, Guerrero y Oaxaca ya cuentan con trato fiscal preferencial, fue en referencia al decreto publicado en el Diario Oficial tres días antes.

En esa publicación se dio a conocer un estímulo fiscal para esos estados sólo en materia agropecuaria y silvícola, que consiste en una “deducción adicional en el impuesto sobre la renta (…) por la adquisición de maquinaria y equipo” para las actividades primarias.

El CCMSS señaló que esta deducción sobre el ISR es aplicable solamente a la compra de bienes nuevos de activo fijo para actividades primarias en los tres estados, y apenas significa un primer paso para dar cumplimiento a la promesa hecha por el presidente Peña Nieto en el contexto de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero.

La organización recordó que en el decálogo que el mandatario presentó para fortalecer la seguridad y la justicia, prometió publicar un decreto que dará trato fiscal diferenciado a los productores de Chiapas, Guerrero y Oaxaca vinculados al campo.

La medida, que se formalizó al comenzar 2015, queda muy lejos de lo necesario para que los productores forestales y dueños de recursos forestales, en su mayoría comunidades y ejidos, puedan salir adelante económicamente y generar más y mejores empleos en las regiones rurales de estos estados.

Recordó que el régimen fiscal que enfrentan los productores forestales no es acorde con las condiciones de inseguridad, marginación y falta de capital en que trabajan. Explicó que tienen problemas para expedir comprobantes electrónicos y ajustarse a los requerimientos de la reciente reforma fiscal, así como la falta de infraestructura y comunicaciones en gran parte de las comunidades forestales del sur del país.

Además, la informalidad de muchas de las relaciones económicas en esas regiones dificulta enormemente el cumplimiento de sus obligaciones ante la Secretaría de Hacienda.

Este desfase entre la realidad de las comunidades rurales y los bosques mexicanos y las exigencias fiscales que enfrentan los silvicultores y quienes dan valor agregado a la madera en sus propias comunidades, hace también muy difícil competir con los productos importados y en el mercado internacional, agrega.

Señala que para que las regiones forestales de Guerrero, Oaxaca y Chiapas se desarrollen verdaderamente y los bosques de México contribuyan al desarrollo rural y nacional es necesaria una verdadera reforma fiscal que adecúe la normatividad a la realidad.