l Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), máximo tribunal ético-jurídico del mundo, condenó a finales de 2014 a los gobiernos neoliberales mexicanos por desviar el poder del Estado y perpetrar múltiples crímenes de lesa humanidad contra del pueblo de México (ver). En un documento extraordinario el TPP visibilizó el iceberg de violencia estructural e impunidad que yace bajo los hechos de Iguala. Debe ser consultado por quienes desean entender las causas de lo que hoy vivimos. Su estudio y debate en todos los espacios académicos posibles ayudará a profundizar sus postulados y a precisar sus recomendaciones.

El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM (campus Cuernavaca) ha iniciado esta labor. El CRIM se ha destacado desde hace tres décadas por su participación en la vida académica, política y cultural de la región centro-sur del país. Los hechos de Iguala reflejan el deterioro profundo de esta región, que ahora está sometida a la Operación Tierra Caliente y donde, se nos promete (o amenaza), se activarán zonas económicas especiales.

Tras discutir y suscribir el análisis y recomendaciones del TPP, el Colegio del Personal Académico (CPA) del CRIM llegó a una serie de conclusiones que considero importante divulgar:

El crimen de lesa humanidad de Iguala tiene su base en gobiernos que decidieron desde hace tres décadas secuestrar el derecho constitucional, destruir la soberanía nacional e impulsar un proyecto de subordinación integral a los intereses corporativos y de seguridad trasnacionales.

Este proyecto ha resultado en un Estado atomizado, derrumbado, carcomido en sus entrañas, sometido a diputas de las fracciones de distintos partidos, de los grupos policiales y de las fuerzas armadas, todos en colusión con la criminalidad.

Aquí se refleja de modo dramático la crisis civilizatoria que aqueja al mundo, manifiesta en el cambio climático, la financiarización de la economía planetaria, la sustitución de la seguridad salarial por la deuda privada, la crisis alimentaria, la crisis energética, las crecientes desigualdades sociales y agudización del empobrecimiento generalizado, la inequidad de género y exclusión de los jóvenes, el estado de guerra permanente, el aumento de la corrupción y la impunidad, etcétera.

En este contexto, los valores de la legalidad y el estado de derecho se han pulverizado y se ha extendido como fundamento de nuestra cultura la ética del triunfador, donde el criterio del éxito es la acumulación de riqueza y poder, omitiendo cualquier consideración sobre los medios utilizados.

El decálogo económico y de seguridad que propone el Presidente de la República evade esta realidad y promete resolver los problemas regionales con más subordinación. No da satisfacción a las víctimas ni ataca el problema en sus bases.

Ante esta situación, el CPA del CRIM planteó algunas alternativas. Primero, el desarrollo de la economía regional no debe tener como base la extracción y exportación de la fuerza de trabajo, de las personas o sus partes, o de los recursos naturales, por lo que no debe invertirse en maquiladoras, carreteras, vías de ferrocarril o puertos cuya función sea exportar mano de obra y materias primas baratas al extranjero; la alternativa es el manejo policéntrico, sustentable y diversificado de los ecosistemas urbanos y rurales, y de sus recursos materiales y energéticos, aprovechando los saberes locales y dirigido a la calidad de vida y la autosuficiencia alimentaria. Segundo, debe combatirse directamente la trata de personas y el tráfico o comercialización de órganos humanos (que sólo deben ser transferibles por donación, como es ahora el caso de la sangre). Tercero, para combatir la economía criminal debe legalizarse la producción y venta de las drogas, al estilo uruguayo: no criminalizar a usuarios y brindar apoyo profesional a quienes han generado dependencia, y complementar la medida detectando las rutas del lavado de dinero y persiguiendo a quienes las utilicen, con el control y fiscalización adecuados a los capitales golondrinos que alimentan la delincuencia organizada. Finalmente, los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la región deben ser juzgados, condenados y perseguidos por la Corte Penal de la Haya.

Ahora es necesario trabajar con una agenda de seguridad y paz construida de abajo arriba: debemos establecernos como una sociedad civil especializada en nuevos papeles de vigilancia y decisión ejecutiva, que acote al Estado e impulse su refundación. Los académicos del CRIM estamos comprometidos, como muchos otros universitarios, a contribuir con energía a esta refundación nacional.

* Presidente del Colegio del Personal Académico del CRIM-UNAM