En la averiguación previa por la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha recibido ningún testimonio acerca de que policías federales o militares participaron en los hechos ocurridos los pasados 26 y 27 de septiembre en la ciudad de Iguala, señalaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

En varias ocasiones, particularmente en diciembre pasado, familiares de los normalistas pidieron de manera directa al procurador Jesús Murillo Karam que la institución a su cargo abriera una línea de investigación para revisar la actuación de militares y policías federales cuando desaparecieron los estudiantes.

El 15 de diciembre, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas, dijo en conferencia de prensa que durante su encuentro con el titular de la PGR y el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, solicitaron que se abriera una línea directa de investigación sobre los elementos del 27 batallón de infantería.

En tanto, los funcionarios consultados explicaron que los tomos de la averiguación previa y los documentos donde se tienen las constancias de las declaraciones y testimonios obtenidos han sido revisados por representantes y familiares de los normalistas desaparecidos sin que se presentara ninguna observación respecto del involucramiento de militares o agentes federales.

Asimismo, las fuentes consultadas de la PGR y de la Secretaría de Gobernación señalaron que se ha trabajado con un grupo de coadyuvantes en la indagatoria y no se han obtenido testimonios que indiquen la participación de autoridades federales en esos hechos.

Refirieron que la indagatoria de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) ha acumulado testimonios de presuntos responsables y participantes en la detención de los jóvenes estudiantes, así como de normalistas que lograron escapar de las agresiones de los policías de Iguala, sin que ninguno haya realizado señalamientos que no sean contra los agentes de ese ayuntamiento.

Sin embargo, públicamente los familiares y representantes de los estudiantes han exigido que se investigue a militares y agentes federales, de tal manera que han pedido que se revisen las instalaciones del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala.

Los funcionarios entrevistados refirieron que la PGR, además de atender las peticiones de información que han realizado los abogados, representantes o directamente los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, ha llevado a cabo reuniones en las cuales se ha dado acceso a toda la averiguación previa con la finalidad de que se formulen observaciones o se solicite la profundización de alguna línea de investigación.

El 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, policías de ese municipio y de Cocula detuvieron a los 43 normalistas y los entregaron a integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos y, según las investigaciones de la PGR, los alumnos habrían sido asesinados y calcinados.