Más de 400 mil familias de escasos recursos de Michoacán podrían perder los beneficios de diversos programas sociales debido a que los gobiernos federal y estatal no han garantizado el otorgamiento de dinero suficiente para seguirlos cubriendo.

De acuerdo con una investigación hecha por La Jornada, la falta de liquidez para pagarle a diversos proveedores del gobierno de esa entidad, haría que en poco tiempo la operación de dichos esquemas tenga que frenarse.

En información publicada en diciembre de 2014 en columnas periodísticas, se indica que el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, se quejó con el presidente Enrique Peña Nieto –durante una gira que éste realizó por el estado– de que el secretario local de Finanzas, José Carlos Rodríguez Pueblita, no daba recursos para los programas.

Las cosas están resueltas en su mayoría, pero tenemos un serio problema: el secretario de Finanzas tiene atorados pagos a proveedores y recursos para los programas sociales y el gasto no fluye, con lo que la gente se desespera y todo se está complicando, le advirtió Castillo al mandatario.

Apenas un mes antes, Peña Nieto había participado en la inauguración de un centro de acopio de Liconsa en el municipio michoacano de Álvaro Obregón, donde se le informó que en 2015 el estado tendría 7 mil millones de pesos adicionales de fondos federales, y que diversos programas sociales, como 65 y más y el Seguro de vida para jefas de familia, habían aumentado su número de beneficiarios.

Sin embargo, en contraste con lo anterior, funcionarios de Michoacán –entre ellos el subsecretario de Finanzas, Óscar Juárez Davis– anunciaron a finales del año pasado en una reunión con el Congreso local que no tenían previsto pagarle a sus proveedores en 2015, argumentando que, al no haberse aprobado su iniciativa de retomar la tenencia vehicular, no tenía recursos para cubrir sus deudas.

No obstante, los ingresos por concepto de tenencia este año serían de sólo 542 millones de pesos, cuando la deuda a los proveedores asciende a más de 10 mil millones de pesos, según el propio gobernador del estado, Salvador Jara, quien admitió en julio de 2014 que esta falta de pago ha sido la causa de quiebra de muchas empresas.

De continuar esta situación, varios programas sociales del gobierno estatal podrían frenarse en cuestión de semanas, entre ellos Contigo Michoacán, mediante el cual se otorga asistencia médica, nutricional, sicológica y laboral a diversos sectores vulnerables, como mujeres, adultos mayores, jóvenes, personas con discapacidad y trabajadores del campo.

Consultado sobre el tema, Juan Pablo Arriaga, presidente de la Asociación Michoacana de Distribuidores de Automotores, consideró urgente que el gobierno del estado cubra las deudas con sus proveedores, pues muchas empresas han cerrado sus puertas por la falta de liquidez. Si la falta de pago causa recortes en programas sociales, el resultado va a ser lamentable para la gente más necesitada.

Una fuente cercana a la operación de dichos esquemas de ayuda, quien solicitó el anonimato, coincidió en que la suspensión de los programas sociales podría causar un mayor nivel de irritabilidad social, en una entidad afectada por la violencia y el desempleo.