os barones de la minería mantienen su riego tóxico a lo largo y ancho de la República perforada. Ahora fue Peñoles, del empresario totalmente Palacio Alberto Bailleres, consorcio que derramó 82 mil litros de solución rica en cianuro en una mina cerca de Caborca, Sonora y, como sucedió en agosto pasado en Cananea, con Grupo México (de Germán Larrea, otro magnate Forbes) fue la población y no el consorcio quien dio cuenta del venenoso suceso a la autoridad ambiental, la cual, de nueva cuenta, tardó en reaccionar.

Trabajadores del consorcio minero denunciaron que el citado derrame tóxico se registró el 23 de diciembre de 2014. La autoridad responsable entró en acción tardíamente, con un patrón similar al utilizado con Grupo México en el derrame de Cananea, cuando la Semarnat y la Profepa, más el gobernador Guillermo Padrés, se apuraron a dar cobertura al consorcio de Germán Larrea (el de Pasta de Conchos) y anunciar ridículas multas por el suceso.

De hecho, la presidenta de la Comisión de Minería del Congreso sonorense, la diputada Karina García Gutiérrez, detalló que “el hecho fue denunciado por trabajadores de la empresa perteneciente al Grupo Minero Fresnillo (propiedad de Peñoles), y apuntó que la situación alerta a los productores agrícolas y a los mismos habitantes, pues de acreditarse el derrame representaría una severa contaminación a los mantos acuíferos que alimentan los pozos de la costa agrícola, con todo lo que ello negativamente representa.

A su vez, la Asociación Civil El Noroeste Cumple con las Necesidades de México, con sede en Caborca y presidida por Mónico Castillo Rodríguez, exigió una verdadera y real investigación del caso, toda vez que estaríamos en peligro de una devastadora contaminación ecológica que vendría a perjudicar el entorno de las comunidades rurales y urbanas de nuestro municipio, en el entendido de que no es la primera vez que sucede.

La citada agrupación denuncia que el derrame dentro de la empresa minera inició la tarde del pasado martes 23 de diciembre y fue detenida hasta el lunes 29 de diciembre, cuando se utilizó maquinaria pesada para realizar un muro contenedor y además, como lo muestran las fotografías, se realizaron trabajos de remoción de tierra con la intención de cubrir a simple vista la zona contaminada, sin dar parte a las autoridades competentes para evitar represalias legales por este hecho. En esa ocasión la misma persona que solicitó el anonimato al momento de proporcionar las imágenes fotográficas reiteró que esta situación es de suma preocupación para las salud de todos los residentes aledaños, luego de que se habrán de presentar precipitaciones pluviales que harán un flujo mortal con los remanentes de este nuevo derrame, dejando a la deriva la salud de miles de habitantes de esta zona.

Sin embargo, sólo hasta el 9 de enero del presente año la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer que atiende el derrame de aproximadamente 82 metros cúbicos de solución cianurada agotada, en una mina ubicada en el ejido Juan Álvarez, municipio de Caborca, Sonora, tras la denuncia ciudadana presentada el pasado día 7 de enero. El evento ocurrió dentro de las instalaciones de la minera Penmont, específicamente en el proyecto denominado Unidad Noche Buena, en el patio de lixiviación 4 suroeste, donde el derrame fue controlado mediante la inmediata instalación de un bordo de contención.

La propia institución detalló que lo anterior permitió que cerca de 64 metros cúbicos de la sustancia en cuestión fuera rebombeada a los patios destinados para dicho fin. Los 18 metros cúbicos restantes fueron absorbidos por el material que se utilizó para la elaboración del bordo de contención, el cual, fue levantado y también dispuesto en los patios de lixiviación con que cuenta la empresa minera. La Profepa realiza una visita de inspección para constatar los hechos y determinar las medidas de urgencia que aplicó la empresa, para verificar que no exista daño alguno fuera de las instalaciones de la empresa que pudieran haber sido ocasionados por el derrame.

Inmediatamente después de limpiarle la cara a Peñoles, la citada institución anunció que a lo largo de 2015 visitará e inspeccionará 333 minas, a fin de verificar que cumplan cabalmente con la legislación ambiental vigente; éstas se encuentran principalmente en los estados de Coahuila, Colima, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, y Sonora. En 2014 impuso 34 clausuras a instalaciones mineras, en comparación a la administración anterior en la que sólo se llevaron a cabo 68 clausuras en el periodo del 2007 a 2012.

En el limbo permanece el compromiso número 61 del Pacto por México, por medio del cual los firmantes se obligaron a expedir una nueva ley minera con el fin de transformar al sector en una industria eficiente y socialmente responsable, cuyos beneficios incluyan a los habitantes de las zonas donde ésta se establece, Tres años después, tal compromiso se ha incumplido y los únicos beneficios para los pobladores ha sido el permanente desparrame de tóxicos por doquier.

Hasta septiembre pasado, la mina en la que se registró el derrame de 82 mil litros de solución cianurada fue operada por la empresa Penmont, que pertenecía a Peñoles (56 por ciento) y a la estadunidense Newmont Minning (44 por ciento), aliados desde 1990, pero al empresario totalmente Palacio le dio por adquirir el paquete de su asociado y a partir del 6 de octubre de 2014 el 100 por ciento de las acciones, y de la responsabilidad, pertenecen al magnate marca Forbes. Lo mejor es que su compromiso es mantener y mejorar el entorno ecológico.

Como siempre, en torno a la actividad minera está el creciente problema de la tenencia de la tierra, es decir, el despojo para favorecer a los corporativos mineros. En este caso concreto, desde 2009 ejidatarios sonorenses reclaman sus derechos sobre los terrenos circundantes a los explotados por Peñoles, amén de que el consorcio debe remediar los daños ecológicos en los mismos, y desde entonces la resolución se mantiene en el aire de la impunidad.

Las rebanadas del pastel

¡Felicidades! México ya tiene reforma educativa: más de 42 mil aulas de planteles públicos donde se imparte educación especial, prescolar, primaria y secundaria carecen de energía eléctrica; 177 mil 719 presentan fisuras o cuarteaduras graves en techos, muros o pisos; 167 mil 360 tienen goteras o filtraciones de agua; 185 mil 389 tienen vidrios rotos y 21 mil 397 carecen de puerta (La Jornada, Laura Poy Solano). ¿Así o más reformados?

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