Hasta ahora, la evaluación ha tenido un uso limitado en los procesos de formulación de la política educativa y en la mejora de la práctica escolar, asegura el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Además, advierte que al problema de infraestructura se suma también el inadecuado clima escolar que se observa en los planteles de prescolar, primaria y secundaria, en los que existen reglamentos y castigos que vulneran los derechos de los niños y las niñas.

En un texto suscrito por los cinco consejeros de la junta de gobierno del organismo encabezado por Sylvia Schmelkes, se hace referencia a los principales problemas del sistema de educación obligatoria en el país, y que vulneran el ejercicio de este derecho.

Basado en las conclusiones del informe 2014 del INEE, titulado El derecho a una educación de calidad, el documento de los consejeros cita que entre estos problemas están los bajos niveles de cobertura en educación prescolar y media superior; la desigualdad en la asistencia y permanencia en la escuela, en especial en la población infantil indígena, la que trabaja jornadas extensas y la que vive en pequeñas áreas rurales, y la inequidad en el avance escolar que presentan los niños según su lugar de residencia y el tipo de servicio educativo en el que están inscritos.

Está también la condición étnica, dado que la población indígena sufre el trato discriminatorio más grave, dice el artículo publicado en el número cero de la Gaceta del INEE, firmado por Teresa Bracho, Eduardo Backhoff, Gilberto Guevara, Margarita Zorrilla y Sylvia Schmelkes.

Asimismo, el texto identifica que la inequidad en el sistema se da desde el comienzo de la educación básica, ya que los menores que asisten a planteles prescolares comunitarios y de zonas rurales tienen menores logros en los campos formativos evaluados.

Estas brechas se mantienen en la educación primaria y secundaria y afectan mayormente al alumnado inscrito en cursos comunitarios, escuelas del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), primarias rurales, indígenas y telesecundarias.

En este mismo sentido, señala que la intervención del Estado ha sido poco efectiva para dar respuesta a la inequidad educativa y que la mayoría de los programas públicos en educación han sido inerciales, pues si bien han buscado resolver diversos desafíos públicos, lo han hecho de manera fragmentada.

Pero además aseguran que las evaluaciones han tenido un uso limitado para la formulación de la política pública educativa. Esto se acentúa porque las entidades federativas carecen de un sistema de información de resultados y las áreas locales tienden a funcionar como instancias operativas para la aplicación de pruebas nacionales e internacionales, que la mayoría de las veces no coinciden con la realidad local.

Es urgente, dice, definir con precisión una agenda común de evaluación educativa, con la finalidad de contribuir a garantizar la calidad de los servicios educativos prestados por el Estado y por los planteles particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios.