La liberación de Nestora Salgado deberá esperar, debido a que el gobierno de Guerrero, a cargo de Rogelio Ortega Martínez, presentó la solicitud de desistimiento de los cargos al fiscal del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, quien a su vez deberá evaluar su procedencia.

La noche del domingo, el secretario de Gobierno de la entidad, David Cienfuegos Salgado, informó a un grupo de diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que la solicitud se envió la semana pasada al fiscal. En diciembre, la administración estatal se comprometió a que Salgado saldría del penal de máxima seguridad de Nayarit el último día de 2014.

Ante esa aclaración, los legisladores requirieron a la administración estatal una entrevista con Godínez Muñoz lo más pronto posible para preguntarle el estado que guarda la petición del gobierno estatal, sobre todo a partir de que el gobierno federal retiró los cargos contra la ex coordinadora de la policía comunitaria de Olinalá.

En entrevista, el diputado Roberto López Suárez (PRD) sostuvo que si bien los legisladores son respetuosos de la división de poderes, y que el Congreso del estado aprobó el nombramiento de Godínez Muñoz, éste surgió de una terna propuesta por Ortega Martínez y la solicitud formal para que Salgado pueda salir libre fue hecha por el gobernador.

Nuestra exigencia se sustenta en tres irregularidades: fue detenida sin orden de aprehensión; su trabajo al frente de la policía de Olinalá estaba amparada bajo la ley 701, y cuando fue detenida no se notificó a la embajada de Estados Unidos, de donde es ciudadana, señaló.

López Suárez refirió que durante la reunión, celebrada en Acapulco, también estuvieron presentes los abogados que llevaron el caso del profesor Alberto Patishtán, que se incorporan al trabajo de defensa de la luchadora social.

El legislador perredista afirmó que uno de los elementos que ha entorpecido la liberación de Salgado es la oposición del ex procurador Iñaki Blanco y del ex subprocurador de Atención a Víctimas Ricardo Martínez Chávez.

Este último, dijo, filtró a Isabel Miranda de Wallace la grabación de la primera reunión de una decena de diputados de distintos partidos con el gobernador, para iniciar las negociaciones hacia la excarcelación de Salgado. La reunión fue grabada y la señora Miranda ahora utiliza un fragmento con el que pretende evitar la salida de una persona de la cárcel, gracias a un audio que le facilitó Ricardo Martínez Chávez, quien además es su abogado, sostuvo.

Señaló que Martínez Chávez e Iñaki Blanco saben que tienen responsabilidad en la fabricación de cargos contra Nestora Salgado y ahora utilizan a la señora Miranda.