uentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmaron ayer la posposición de la Cumbre de América del Norte, que habría de realizarse en Canadá, y en la que participarían el primer ministro de ese país, Stephen Harper, y los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y Estados Unidos, Barack Obama. Aunque la versión oficial atribuyó esa determinación a la realización de elecciones este año en la nación anfitriona, el diario canadiense The Globe and Mail afirmó que funcionarios mexicanos y estadunidenses atribuyeron la posposición al diferendo sobre el proyecto del oleoducto Keystone XL entre Canadá y Estados Unidos y a la imposición de visa a los ciudadanos mexicanos por las autoridades de Ottawa.
Resulta normal y natural que se presenten desacuerdos de diversa índole entre naciones vecinas que son, por añadidura, socios económicos. Lo que resulta insólito en el caso de los gobiernos de los tres países que integran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es que no haya posibilidad de procesar esos desacuerdos, hasta el punto de que tengan que postergar una reunión entre mandatarios que se tenía acordada con antelación.
El hecho obliga a recordar las diferencias intrínsecas a una relación trilateral marcada por las profundas inequidades existentes entre sus tres miembros y la enorme gravitación política y económica de Estados Unidos sobre sus vecinos.
Por lo que hace a la relación Washington-Ottawa, es claro que el margen de independencia de que disfrutaba Canadá en décadas anteriores con respecto a su vecino del sur ha dado paso a una supeditación evidente y creciente del primer gobierno frente al segundo, que tiene como ejemplo reciente el involucramiento canadiense en las aventuras bélicas de Estados Unidos en Medio Oriente, la más reciente de las cuales es la emprendida en contra del Estado Islámico.
En cuanto a México, las distorsiones en la relación de nuestro país con las dos naciones al norte del río Bravo derivan del hecho de ser el integrante más débil en el bloque regional más inequitativo del mundo. En efecto, las sucesivas administraciones mexicanas han proseguido una integración asimétrica y desigual con Estados Unidos y Canadá en la que la economía nacional ha llevado la peor parte, y en la que los afanes injerencistas estadunidenses en nuestro país se han convertido en política de Estado y en parte del pensamiento rutinario de su clase política.
Lo anterior se ha traducido en una pérdida de capacidad de los gobiernos nacionales para defender la soberanía y para demandar condiciones dignas para los connacionales que residen y trabajan en los dos países vecinos, además de condiciones de mínima equidad en la resolución de los diferendos. En el caso de Canadá, la decisión de imponer visas a los mexicanos que viajan a ese país obliga a recordar el contraste entre esa determinación y el trato de privilegio que reciben las empresas canadienses que operan en territorio mexicano, particularmente las de la industria minera, a pesar de que han sido exhibidas no pocas veces por sus prácticas depredadoras de la economía y el medio ambiente.
Tales circunstancias, en conjunto, son indicativas de los altos costos y los efectos nocivos que derivan de un proceso de integración de economías tan disímiles como las del TLCAN, sin preocuparse por buscar términos que atenúen las desigualdades entre los socios, como sí han procurado hacerlo las naciones sudamericanas y en menor medida, las europeas. Al margen de lo que se determine con respecto al próximo encuentro entre los gobernantes de los tres integrantes del bloque económico, es ineludible la necesidad de renegociar, en este espíritu, aspectos fundamentales del acuerdo que los vincula.
