contrapelo del proceso electoral ya encarrerado, a contrapelo de divisiones partidistas e ideológicas, se celebra hoy por la tarde en el Senado de la República la asamblea informativa del movimiento chihuahuense Unión Ciudadana. Es una iniciativa plural para construir un Chihuahua libre de corrupción y de impunidad, comenzando por la exigencia de que se investiguen las denuncias presentadas contra el gobernador César Duarte y varios de sus funcionarios, sobre todo la que llevó al mandatario a adquirir un porcentaje importante del Banco Unión Progreso.

En representación de la pluralidad de este movimiento, que ya aglutina a cientos de ciudadanas y ciudadanos de este estado norteño, estarán el licenciado Jaime García Chávez, luchador de izquierda, quien presentó la citada denuncia; el senador Javier Corral Jurado, quien presentó un punto de acuerdo en el Senado para que se investigue a Duarte, suscrito ya por la mayoría de los senadores; la doctora Olga Ponce, el ex gobernador Francisco Barrio Terrazas y el que esto escribe.

Unión Ciudadana se constituyó el 28 de noviembre en la capital del estado, el 9 de enero en Cuauhtémoc, el próximo 23 se hará en Ciudad Juárez y seguirán las poblaciones más importantes de la entidad. Confluyen en él una multiplicidad de ciudadanas y ciudadanos sin partido, también panistas, morenistas, perredistas, incluso priístas, hartos ya de que no se les rinda cuentas, de que se les mienta, de que todos los poderes se subordinen al Ejecutivo, de que se endeude su estado como ningún otro en la República y que por todos lados se escuchen los rumores de la creciente riqueza de su gobernador.

Esta es la pequeña vela que se está encendiendo por estos rumbos en lugar de seguir maldiciendo la oscuridad en que la corrupción nos tiene sumidos. Oscuridad que impera lo mismo en entidades gobernadas por el PRI que por el PAN o el PRD, o en el propio gobierno federal, en la misma Presidencia de la República. Porque no hay día en que la cada vez más acuchillada ciudadanía de este país no escuche de las casas blancas adquiridas con tráfico de influencias, o de islas adquiridas por un gobernador, o de facturas faltantes por cientos de millones de pesos en Coahuila, o de nepotismos en Sinaloa, de colusiones con el crimen organizado por doquier… oscuridad y corrupción que tan sólo en los días recieintes ha sido denunciada por los obispos católicos, cuantificada por la OCDE en 124 mil millones de pesos anuales, más que la inversión en obras del programa nacional de infraestructura.

Sin embargo, ahora que ha llegado el proceso electoral, los partidos se disputan la primacía en el hablar, en el decir, en el proponer iniciativas legales en contra de la corrupción. Alguien dijo que en tiempo de elecciones no hay partido en México que sea conservador y no populista; tampoco hay formación partidaria que no encabece su propia cruzada verbal contra corruptos y criminales. Aunque para hablar se paren sobre la impunidad de sus gobernadores como los Aguirres, los Montieles, los Moreiras, los Duartes, los Morenos Valles. Aunque lleguen a esos procesos cargando con la impunidad de los Salinas, la prisión casi abierta a la salida de las Gordillos, las declaraciones patrimoniales olvidadas o mentidas.

La constante detrás de esas cruzadas electoreras de saliva y de papel contra la corrupción y la impunidad es que se pronuncian desde el México de los privilegios. Desde la estratosfera social de quienes disfrutan o van a disfrutar de los fueros, de las dietas, las compensaciones adicionales, los bonos, los gastos de representación, las no evaluaciones de desempeño. ¿Podrán en verdad luchar contra la corrupción no individuos aislados, sino los colectivos, las estructuras que más se benefician con la simulación de transparencia, de rendición de cuentas? ¿Podrá este conjunto de poderes, este Estado enfermo terminal de chikungunya moral y criminal –para parafrasear al papa Francisco hablando de la curia–, erradicar de este país el terrible cáncer que lo mismo produce Ayotzinapas que Romeros Deschamps, que casas blancas y Bancos Progresos?

¿O se tendrá que refundar el Estado desde aquellas y aquellos a quienes la corrupción de los privilegiados les impide el disfrute de sus derechos? Porque el tráfico de influencias en la importación de alimentos lesiona el derecho de los consumidores a acceder a ellos y el de los productores a obtener precios justos para sus cosechas. Porque la adquisición a precios inflados de los medicamentos, cosa común en varios estados de la República, anula el acceso de muchos a la salud. Porque las deudas públicas injustificadas, gastadas con opacidad, encogen los presupuestos para que más ciudadanas y ciudadanos accedan a la educación, a la cultura. Porque el privilegiar a empresas como HIGA priva a otros del derecho más elemental al trabajo.

Nos tratarán de conformar con llegar al 7 de junio sólo con ideas y propuestas de un aparentemente infalible sistema anticorrupción. Eso no puede permitirse, la voluntad política ha de traducirse, no en proyectos, sino en investigaciones, juicios políticos, desafueros, consignaciones, cárcel, fin de los privilegios.

Hoy viernes, 6 de la tarde, auditorio Octavio Paz, Senado de la República, un grano de arena del desierto chihuahuense para México.