La visita de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos al cuartel del 57 batallón de infantería en Iguala, Guerrero, debe realizarse cuanto antes para distender los ánimos, cumplir con la exigencia de los familiares de los jóvenes y renovar el diálogo entre las partes, señaló el ombudsman Luis Raúl González Pérez.

En entrevista con La Jornada, el titular de la CNDH saludó la disposición de las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional (Sedena) para abrir las puertas de las instalaciones militares de Iguala –como solicitaron padres y madres de los 42 normalistas que permanecen desaparecidos desde hace más de tres meses–, lo cual podría ocurrir la próxima semana.

–¿Por qué sería importante realizar esta visita cuanto antes? –se preguntó al ombudsman.

–Para ir realizando las acciones que están en la agenda de los familiares de los jóvenes desaparecidos. Esta es una exigencia que han ventilado de diversas formas, y qué mejor que se realice para distender, por un lado, y por otro, para que la CNDH dé fe pública de lo que observa.

–¿Todavía no ha recibido una invitación oficial de la Sedena?

–Ya hemos platicado y ahí está la invitación pública de la Secretaría Gobernación. Vamos a entrar en contacto con las autoridades y los familiares para generar la logística y realizar la visita lo antes posible.

Celebramos la disposición para que se pueda ver al interior de las instalaciones militares y agotar uno de los planteamientos de la agenda de los familiares.

–¿Cómo interpreta el hecho de que se discuta sobre la probable responsabilidad del Ejército en el caso de Ayotzinapa, cuando antes las fuerzas armadas eran intocables?

–Los familiares de las víctimas han pedido que se incorpore como líneas de investigación a (la supuesta participación de) la Policía Federal y elementos de la Sedena, pero eso no necesariamente conlleva a imputaciones concretas.

“Lo que tiene que hacerse es que las investigaciones determinen qué sucedió en Iguala. La CNDH no persigue delitos, sino que investiga violaciones a derechos humanos y está integrando un expediente en ese sentido, sin prejuzgar sobre responsabilidades.

–¿Qué se juega la CNDH en este caso?, sobre todo cuando su gestión está siendo muy observada.

–El reto de un servidor es construir confianza y credibilidad. Tener la oportunidad de platicar con los padres de familia, estar en comunicación con sus representantes y ahora recibir la invitación de la Sedena y la Secretaría de Gobernación para que visitemos el cuartel, me alienta en la construcción de esa confianza.

En el caso Tlatlaya ya hay una recomendación emitida a tres distintas autoridades. La reclasificación no cambia el contenido de la recomendación y sí, en cambio, impulsa el seguimiento para su cumplimiento.

–En este escenario, ¿qué opina acerca de las declaraciones como las del secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, de que los padres de los normalistas están siendo manipulados por grupos que buscan fines particulares?

–Estamos en un momento en el que hay un acercamiento para que se dé una de las grandes demandas de los padres, que es la vista a los cuarteles. Eso habla de una renovación del ánimo. Las cosas se vienen dando y hay que buscar acercamientos, puntos de coincidencia para que se llegue a la verdad; con la exigencia legítima de los padres de familia, pero sin violencia.

El ombudsman González Pérez llamó a no especular sobre el resultado de la visita al cuartel, sino celebrar el hecho de que ésta podrá llevarse a cabo. Además, pidió agotar primero la inspección al cuartel del 57 batallón de infantería antes de pensar en acudir a otras instalaciones militares.

Ayer por la noche, la oficina especial de la CNDH en Iguala informó que ya hizo contacto con los padres de los normalistas en relación con la visita al cuartel y que la respuesta de los familiares fue que no estarían en condiciones de realizarla hasta el próximo lunes, porque tienen una serie de actividades previstas en su agenda.