La Procuraduría General de la República (PGR) presentó apelación contra la liberación de las 11 personas detenidas ilegalmente en las inmediaciones del Zócalo de la ciudad de México el pasado 20 de noviembre, tras haber acudido a la marcha pacífica en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa, a las cuales les imputaron delitos del fueron federal como motín, homicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa, y fueron enviadas a prisiones de máxima seguridad durante casi una semana.

Los 11 detenidos –entre ellos un ciudadano chileno– fueron puestos en libertad después de que el juzgado 17 de distrito en materia penal, con sede en Xalapa, Veracruz, determinó que las acusaciones formuladas por elementos de la Policía Federal (PF) y la PGR eran inverosímiles y no se ajustaban a las reglas de la lógica básica.

No se acreditó que ninguno de los detenidos participara en los enfrentamientos con la PF y elementos del Estado Mayor Presidencial ni que hubieran tratado de incendiar la puerta central de Palacio Nacional, actos que cometió un grupo de personas encapuchadas.

En la resolución del 29 de noviembre de 2014, el juez Juan Carlos Ramírez Gómora explicó que tuvo que reclasificar la acusación de homicidio en grado de tentativa –formulado por la PGR– por lesiones contra un agente de la PF, por la mala integración del expediente.

Ayer, el abogado Alejandro Jiménez dio a conocer que la PGR apeló de la liberación dictada y que el caso fue turnado al sexto tribunal unitario, con sede en la ciudad de México.

El litigante y miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos reveló que la PGR pretende revocar el fallo en el cual se demostró que el Ministerio Público de la Federación (MPF)intentó llevar a juicio a los 11 detenidos a pesar de carecer de elementos, la simulación de una detención en flagrancia, detención arbitraria, y la pobre argumentación jurídica.

Explicó que “el 12 de enero de este año el sexto tribunal unitario en materia penal, con sede en el Distrito Federal, “nos notificó la apelación presentada por el MPF –realizada el mismo 29 de noviembre– contra el auto de liberación. Consideramos que la apelación de la PGR se encuadra en el uso de la acción penal como estrategia de intimidación y represión, pues significa que el proceso se mantenga jurídicamente vivo y con ello la posibilidad de que sean reaprehendidos en cualquier momento; además de un intento por salvar lo insalvable: la legitimidad de una acusación sustentada en una simulación de flagrancia contra personas detenidas al azar el 20 de noviembre de 2014”.

Los liberados son: Roberto César Jasso del Ángel, Ramón Domínguez Patlán, Hugo Bautista Hernández, Atzin Andrade González, Juan Daniel López Ávila, Laurence Maxwell Ilabaca (ciudadano chileno), Luis Carlos Ricardo Moreno, Francisco García Martínez, Hillary Analí González Olguín, Lilian o Liliana Garduño Ortega y Tania Ivonne Damián Rojas.

“Cabe señalar que la PGR ha ocultado información a la defensa, mostrando una copia de la averiguación previa incompleta, por lo cual los siete representados por estas dos organizaciones han presentado amparos por obstaculización a la defensa adecuada.

“Además, de forma inusual la PGR presenta una apelación sin expresar agravios, mostrando con ello una actuación oscura para continuar intimidando a estas personas –a quienes se ha identificado como los compas–, informó el abogado.

Ahora corresponde al tribunal unitario confirmar o modificar la resolución del juzgado 17 en materia penal con sede en Xalapa, pero no existe plazo para que resuelva. En tanto, ya se presentaron solicitaron de amparo contra cualquier intento de captura de los 11 acusados por la PGR.