Debido a que el órgano de control interno de la Secretaría de Educación Pública se declaró incompetente para auditar los fondos públicos de más de 17 millones de pesos que se entregan anualmente a la Universidad Obrera, trabajadores despedidos de la institución señalaron que no se van a rendir y continuar en otras instancias apelando a la aplicación de la ley y llevarán el caso a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

De igual manera, persistirán con la demanda laboral, pues consideran que su despido fue motivado por causas políticas, porque se atrevieron a denunciar la corrupción y demandar el resto de sus derechos laborales.

Consideran que en México las instancias de fiscalización y control del uso del presupuesto son en realidad parte del entramado que garantiza la impunidad de quienes se aprovechan de los recursos públicos.