Los recursos e inmuebles incautados por las autoridades federales a raíz del fraude de Ficrea resultan insuficientes para pagar a los ahorradores afectados el monto de sus recursos, reconoció el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé.

En reunión de trabajo con la tercera comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el funcionario expuso que a la fecha el monto del desfalco a los ahorradores de Ficrea suma 2 mil 700 millones de pesos, porque el análisis de activos por contratos de arrendamientos con la financiera Leadman es de 3 mil 200 millones. Es decir, el monto total de los recursos que se encuentran en litigio alcanza los 5 mil 900 millones de pesos.

El funcionario, que estuvo acompañado del jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alberto Bazbaz Sacal, y el encargado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Mario di Costanzo, expuso que también se recuperaron 28 inmuebles, 234 vehículos, derechos litigiosos por un valor de 200 millones de pesos y un fideicomiso de 110 millones.

Transferencias detectadas

Por su parte, Bazbaz reconoció que desde julio de 2013 (gracias a las modificaciones reglamentarias de la unidad) esa instancia detectó una cantidad importante de transferencias internacionales con recursos de Ficrea por conducto de las empresas Leadman y Baus para adquirir inmuebles en el extranjero, con fondos de los ahorradores de Ficrea y beneficio de terceros ajenos a esos depósitos.

El funcionario dijo que existe una primera orden de aprehensión por lavado de dinero –no precisó contra quién–, y ésta se puede ampliar a un número de por lo menos 32 personas vinculadas a compras inmobiliarias en el exterior.

Senadores y diputados (Dolores Padierna, Javier Lozano, Gerardo Flores, Ricardo Urzúa) reclamaron la dilación de la autoridad para actuar contra Ficrea y sus prácticas irregulares, demandaron modificar la Ley de Ahorro Popular para incrementar la base de 35 mil udis para que todos los ahorradores consigan recobrar sus inversiones.

González Aguadé especificó por qué los activos incautados serán insuficientes para resarcir el daño patrimonial de los ahorradores: “No, no alcanzan para pagar lo que hoy tenemos. Porque los 3 mil 200 millones más los 400, más los otros 400 de cartera que hay en Ficrea, más los activos que pudimos recuperar durante la intervención no alcanzan, porque no tienen ese valor en el mercado. A los 3 mil 200 millones de pesos, si estuvieran dentro de la sociedad financiera popular se les tendría que hacer una reserva respecto, porque así lo señala la norma, respecto de la posibilidad de cobro, y ése sería –más o menos– un aproximado del valor, que evidentemente, más en esta situación, pues no necesariamente es el mismo”.

Atención a cabalidad

En su turno, Di Costanzo se limitó a exculparse, desglosando las reuniones que acordó con los afectados, a los que dijo ha atendido a cabalidad. El ex asesor del Partido de la Revolución Democrática en materia económica, posteriormente impulsor de Andrés Manuel López Obrador y ahora funcionario priísta, fue reprendido socarronamente por Javier Lozano, senador del Partido Acción Nacional, pues en el sexenio de Felipe Calderón, el hoy funcionario se burlaba u ofendía a cuanto enviado del gobierno se le pusiera enfrente:

A don Mario di Costanzo le quiero decir que en esta reunión de trabajo usted va a poder constatar cómo sí se puede ser de oposición sin ser un majadero, tratar a la gente con respeto, a los servidores públicos por su investidura y encontrar soluciones que sean productivas para quienes están esperando de nosotros una solución y una atención.

En defensa del gobierno y su política financiera, Alberto Bazbaz expuso que la unidad a su cargo detectó a 32 personas involucradas entre físicas y morales realizando transferencias internacionales en torno a Ficrea:

“Al detectar una cantidad im­portante de transferencias internacionales realizadas por las compañías Baus y Leadman a dos países particulares en el extranjero, nos dimos a la tarea de analizar si existía alguna razón que justificara que el dinero proveniente, que ya sabíamos, de una institución financiera pudiera ser transferido por algún motivo, probablemente inversiones, a otros países.

Y detectamos que parte de esas transferencias internacionales eran dirigidas a realizar operaciones inmobiliarias en el extranjero. Al detectar que había operaciones inmobiliarias en el extranjero con esos recursos y eso se le comunicó, por supuesto, de forma coordinada a diversas instancias, particularmente en la Comisión Nacional Bancaria y en su momento a la Procuraduría General de la República. Efectivamente la operación irregular tenía la motivación, al parecer, de quitar el patrimonio que existía en Ficrea y trasladarlo en beneficio de otras personas no relacionadas con los ahorradores.