e visita en México, el cineasta franco-griego Constantin Costa-Gavras dijo ayer que los políticos no están a la altura de las sociedades que gobiernan y representan. Hay corrupción y están sometidos a los intereses económicos (...) Es un problema que tienen todos los políticos de todo el mundo, declaró.

Pese a la amplitud y heterogeneidad de las instancias políticas, individuales e institucionales que podrían caber en la crítica del cineasta, estos señalamientos se producen con el telón de fondo del repudio social –observado lo mismo en manifestaciones realizadas en países desarrollados que en movimientos sociales y populares de naciones periféricas y dependientes, como la nuestra– al agotamiento de un sistema global que sacrifica el bienestar de las poblaciones en general para maximizar las utilidades de pequeños grupos de accionistas; que produce crisis financieras en serie y que no ha servido para satisfacer las condiciones de bienestar mínimo que requiere la población.

En efecto, el descontento económico y social desemboca con frecuencia en una inconformidad ante un modelo político que ha permitido y auspiciado la grotesca concentración de la riqueza en unas cuantas manos y que ha sido capaz de cooptar y desvirtuar los proyectos de transformación social.

El caso de nuestro país, donde una de las mayores fortunas personales del mundo coexiste con millones de pobres, es un ejemplo de cómo las democracias contemporáneas no han podido servir de vehículo para que las demandas y los sentires mayoritarios se conviertan en programas gubernamentales y de cómo las instituciones son puestas, en los hechos, al servicio de minorías ínfimas.

De esta forma, las sociedades contemporáneas viven en un trasfondo de carencia de representatividad real de gobiernos y parlamentos, así como de ejercicio del poder real por parte de fuerzas que ni siquiera aparecen en los escenarios electorales.

En suma, las palabras del realizador franco-griego tienen la gran virtud de evidenciar el descontento popular que recorre el mundo. Debería ser imperativo para la opinión pública mirar de frente la inviabilidad de las reglas económicas y políticas aún vigentes –acuñadas, en lo fundamental, en el siglo XVIII en Europa, bajo la forma de democracia parlamentaria y de liberalismo económico–, así como la urgencia de idear y de propugnar alternativas que partan del principio de priorizar el bienestar colectivo por sobre el lucro individual y de la aspiración a un ejercicio realmente representativo y participativo del poder político.

La conducción de las políticas económicas y sociales demanda un viraje claro y definido hacia la sociedad y una toma de distancia respecto de los intereses corporativos y financieros que han ido copando las áreas de decisión en los gobiernos del orbe. Asimismo, es clara la urgencia de una renovación de la política parlamentaria tradicional, la cual ha perdido representatividad y credibilidad debido, en buena medida, a su sometimiento a los intereses mencionados.