ientras las organi- zaciones integrantes de la Asamblea Nacional Popular (ANP) han determinado que no habrá elecciones en Guerrero este año si no aparecen los 42 normalistas de Ayotzinapa, el gobernador Rogelio Ortega ha acentuado el tono de su discurso de advertencia.

Es un lenguaje de confrontación los manifestantes por Ayotzinapa han intensificado sus acciones para tomar instalaciones electorales o impedir la organización del proceso de este año, y el gobernador ha dejado clara la posibilidad de una represión violenta.

El primero de enero, Ortega Martínez llamó ingenuos a los manifestantes por creer que no habrá orden de pararlos y dispararles. Son ingenuos, por supuesto hay quienes sí están decididos a dar esa orden, dijo.

Ese mismo día anotó que tras una repuesta represivaandamos buscando a nuestros desaparecidos, en qué cárcel tienen a los detenidos y estamos contando a los muertos.

Este viernes pidió a los ciudadanos no tenerles miedo y encararlos (a los manifestantes que bloquean sedes electorales) luego que el 15 de enero maestros de la Ceteg intentaron cerrar un módulo del INE pleno de gente que tramitaba su credencial para votar en el último día para hacerlo.

En la lógica de este discurso, la polarización se hace más evidente cada día. Por una parte el movimiento por Ayotzinapa no va a cejar en su plan de acción, y por la otra el gobierno estatal endurece su postura sin que haya un diálogo que pueda distender las cosas. Por ejemplo, para que se realicen las elecciones, la estrategia no puede ser que los ciudadanos confronten a los que intentan impedirlas.

El problema es que en una situación de descontrol político, como está Guerrero, alentar las confrontaciones puede resultar contraproducente. Lo más viable sería que las autoridades se avocaran a dar respuesta a la demanda central del movimiento, que es conocer el paradero real de los desaparecidos.