En todo el país existen únicamente 60 abogados especialistas en dar asesoría jurídica a las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos, cuando esta cifra debería ser de al menos 830, lo cual provoca que los litigantes hagan su trabajo en condiciones de precariedad y saturación, advirtió Carlos Ríos, integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Para resolver esta carencia, indicó en entrevista con La Jornada, el gobierno tendrá que aumentar en 30 por ciento el presupuesto que hoy tiene dicho organismo, pues de lo contrario los abogados victimales no podrán dar un servicio adecuado a las personas que lo requieren.

Tenemos 60 asesores jurídicos para las 15 delegaciones de la CEAV en toda la República, y por eso este equipo de abogados no puede atender de manera cabal a todas las entidades. Se necesitarían 380 para cubrir cada unidad del Ministerio Público, cada juzgado de distrito y cada tribunal colegiado y unitario, señaló Ríos.

Además de ser pocos (sólo 7.2 por ciento del total que se necesita), los abogados victimales que hay en la actualidad deben cubrir múltiples funciones: manejar los detalles penales de cada caso, pero también saber realizar procedimientos laborales, civiles, familiares y administrativos, todo ello con una perspectiva de derechos humanos, agregó el comisionado.

A lo anterior se suma que la gran mayoría de las entidades federativas no han creado sus comisiones locales de víctimas, y como 95 por ciento de los crímenes denunciados en el país son del fuero común y, por tanto, facultad de los estados, eso genera una mayor saturación.

Para resolver este conflicto, manifestó Ríos, es necesario que la CEAV pida una ampliación de 30 por ciento de su presupuesto anual, que en 2015 es de 457 millones de pesos, más el fondo de ayuda a víctimas, que tiene poco más de 500 millones de pesos, equivalentes al 0.14 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, como lo establece la Ley General de Víctimas.

En lo personal, no lo digo a nombre de la CEAV, creo que sí debió existir una partida presupuestal superior para enfrentar las responsabilidades de este año. Al menos debió haber crecido 30 por ciento para crear nuevas plazas de abogados victimales y para remunerarlos mejor, pues la diferencia de sueldo entre ellos y otros funcionarios con una labor similar es todavía muy grande, subrayó.

“A pesar de los esfuerzos de los abogados que trabajan de forma muy competente, van a seguir haciendo su labor con muchas limitaciones si no se les da un presupuesto suficiente. Hasta cierto punto es ‘normal’ que haya esta disparidad porque apenas está iniciando la labor de asesoría jurídica en la CEAV (instancia que tiene un año de existencia), pero sí debe ir creciendo hasta llegar al número indispensable de abogados victimales”, dijo.