Aunque el problema de los desaparecidos en el país es una preocupación central de la sociedad, la plataforma electoral de PRI y PVEM omite cualquier alusión al tema. En seguridad, reconoce que el crimen organizado es un reto permanente: Los recursos y el poder de fuego de las organizaciones criminales dedicadas a esta actividad hacen indispensable la participación de las fuerzas armandas en su combat, justifica.

En su documento, la coalición asume que la sociedad no tiene confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia. Antes que protegido, (el ciudadano) se siente amenazado por esas instituciones. De ahí que se requiere la innovación de políticas públicas y la revisión del marco jurídico que nos rige para que éstas se lleven a cabo de manera integral con la concurrencia de diversas áreas, instituciones y disciplinas humanas.

Como parte de las propuestas que en materia de seguridad plantea el documento, destaca establecer policías estatales únicas, con el fin de crear 32 corporaciones de seguridad confiables, profesionales y eficaces. Es una propuesta que actualmente impulsa el Poder Ejecutivo como parte del decálogo que en materia de seguridad anunció el presidente Enrique Peña Nieto.

Agrega: Atender la seguridad pública como tema que no puede ser tratado por separado del desarrollo económico y de una política social que entienda los efectos que el desempleo, la pobreza y la desigualdad generan.

Crimen organizado

En el diagnóstico, la coalición menciona el impacto que tiene el crimen organizado en sectores populares y, en especial, entre los jóvenes. La relación entre pobreza y delincuencia organizada existe, sobre todo por el reclutamiento que se hace de jóvenes en situación de vulnerabilidad socieconómica, en los centros marginales de ciudades y poblados. Uno de los retos del Estado mexicano es dar empleo a esta población, que reduzca el fenónemo de la desocupación juvenil y la falta de oportundiades.

El documento hace caso omiso al tema de los desaparecidos, aunque señala algunas cifras sobre otros problemas, como el secuestro de 20 mil migrantes al año en el país, los cuales son sometidos a extorsión, abusos sexuales, actos de tortura, mutilación y extracción de órganos, entre otros. Asimismo, da cuenta de la trata de personas y refiere que anualmente 70 mil son sometidas a esa práctica. Enfatiza el impacto que tiene entre los menores de edad.

La plataforma propone el fortalecimiento de acciones de transparencia y rendición de cuentas, alentando una mayor vigilancia ciudadana y ampliando las facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información, en especial aquella que se pudiera verificar en los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como la necesidad de imponer sanciones por incumplimiento a las resoluciones y minar la excluyente de inexistencia de información, sustituyéndola por la correspondiente obligación de generación de la misma.