Entre denuncias por desarrollos inmobiliarios en zonas no permitidas, cambios de uso de suelo, problemas de suministro de agua potable y viales, crecimiento del comercio ambulante y de la inseguridad, así como ocupación ilegal de áreas comunes, nepotismo y una recomendación sin resolver sobre la Arena Ciudad de México, se va el jefe delegacional de Azcapotzalco, Sergio Palacios.

De acuerdo con vecinos, en los pasados dos años hubo desgobierno, donde el poder lo tuvo don dinero, siendo el ejemplo más claro la arena, cuyo millón de pesos que pagaría no se han visto reflejados en mejoras en la zona, y sí en más problemas de vialidad, inseguridad y de franeleros”, señaló Gloria Torres Valero, presidenta de la asociación Guerreros de Texcatlipoca, por un Azcapotzalco digno.

La representante vecinal dijo que la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, número 172013, continúa por el incumplimiento de la empresa de construir un pozo y no generar problemas cuando realice sus espectáculos, lo cual no ha cumplido.

Por lo que se mantiene un campamento para evitar la apertura de su puerta trasera, que generaría mayores problemas de circulación para los habitantes del pueblo de Santa Bárbara, quienes ya sufren una constante invasión de autos y falta de agua, afirmó a su vez la vecina Adriana Vallejo.

Al igual que Carmen Moranchel, denunció que hay una construcción masiva de departamentos, que ha derivado en la falta de agua en los domicilios y problemas de inundación en la época de lluvias, porque el drenaje es insuficiente para atender a cerca de 10 mil nuevos habitantes.

Tan sólo en la zona industrial de Vallejo se autorizó un cambio de uso de suelo para construir un desarrollo comercial, de servicios y vivienda, sin considerar que agravará los problemas de tránsito, que hoy son insufribles, porque avanzar un tramo que llevaría cinco minutos, se traduce en 30 o más, afirmaron empleados.

Locatarios del mercado Azcapotzalco, por su parte, estimaron pérdidas por más de 50 por ciento en sus ventas ante el crecimiento del ambulantaje en los alrededores, el cual además se ha apropiado de los cajones de estacionamiento, sin que la gente que pagamos nuestros impuestos podamos usarlos, lo cual es injusto.

La inseguridad, consideraron vecinos de los pueblos de Santa Bárbara y San Pablo, ha aumentado y se registra a cualquier hora del día, sin importar si eres estudiante, ama de casa, maestro o trabajador. Lo que se había avanzado antes de este gobierno, se perdió, porque tuvimos un delegado gris, que nunca se preocupó por la gente.

Tan sólo en la unidad habitacional San Pablo o Dos Leones, del Instituto de Vivienda, los robos a la gente o de carros, el consumo de drogas y la presencia de ambulantes aumentó, pero en lugar de que Palacios hiciera algo, pretende construir una barda en un área común, para cerrar el paso a los vehículos e impedirnos el acceso a la toma de agua.

La construcción de un edificio de la procuraduría capitalina en un espacio que era nuestro no sólo provocará más problemas para salir o entrar a alguno de los mil departamentos, sino que la delegación decidirá si nos dota de agua, porque la toma quedará del otro lado de la barda, señalaron vecinos que exigieron la demolición.

Por su parte, trabajadores de la demarcación demandaron a la Contraloría General una investigación para acabar con el nepotismo, pues toda la estructura es familiar, como el mismo ex delegado nos ha dicho, dejando sin oportunidad de basificación a cientos de trabajadores que tienen 10 años laborando.