La organización Amnistía Internacional (AI) señaló que México ha tenido un papel deficiente en la aplicación de las leyes para proteger los derechos humanos, y las violaciones graves continúan ocurriendo a pesar de las reformas y de la firma de tratados internacionales.

‘‘Esto se deriva de los altos índices de impunidad, que son de casi el ciento por ciento, y en tanto no se persiga y se castigue a funcionarios y personas involucradas no habrá un cambio efectivo’’, dijo el secretario ejecutivo de la sección México de AI, Perseo Rendón Quiroz.

Durante el foro sobre desaparición forzada de personas, realizado ayer en la Cámara de Diputados, Rendón Quiroz contrastó las cifras sobre desapariciones que en el mismo espacio presentó la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eliana García.

La ex diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) sostuvo que la Unidad de Búsqueda de Personas de la PGR ha iniciado 435 investigaciones y buscado a 621 personas no encontradas desde 2003, de las cuales sólo 17 pueden ser consideradas como desaparición forzada.

‘‘Sería irresponsable afirmar que la mayoría de los casos no son desapariciones forzadas, cuando no hay investigaciones creíbles, con diligencia y profesionalismo’’, resaltó el directivo de AI.

Incluso el diputado Luis Esquivel Zalpa (PRD) afirmó que el 21 de febrero de 2013, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación informó que esa oficina entregó una base de datos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia con más de 27 mil casos de desapariciones forzadas.

El gobierno, acusó, maneja los casos como secuestros, extravíos o privación ilegal de la libertad, ‘‘cuando en realidad son casos de desaparición forzada debido a la intervención directa o indirecta y por acción u omisión de funcionarios públicos’’.

También en el mismo foro, el director del programa de Presuntos Desaparecidos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Agustín Lara Godoy, resaltó que en México existe un problema muy sensible de desaparición, porque cada vez es mayor el número de personas de quienes no se conoce su paradero y no existe un registro real que permita conocer la magnitud del problema.

Dijo que la CNDH ha insistido al Ejecutivo en la urgente necesidad de aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, que resultaría de gran relevancia en casos como el de los normalistas de Ayotzinapa.

A su vez, el investigador del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Jorge Antonio Montemayor Aldrete insistió en que la versión de la PGR respecto de que los estudiantes fueron incinerados en un basurero de Cocula, Guerrero, no se sostiene. ‘‘Es un simple análisis de física que pudo hacer cualquiera de mis estudiantes en la universidad. Y también los técnicos de la PGR, pero no lo hicieron porque obedecen órdenes de arriba. No por miedo a que los corran, sino porque los maten’’, expuso.