Morelia, Mich.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado anunció la creación de una nueva policía, denominada Fuerza Indígena Purépecha, que iniciará funciones en los municipios de Charapan, Tangamandapio, Los Reyes, Paracho y Chilchota.

El titular de la dependencia, Javier Ocampo García, informó que los integrantes de esta corporación contarán con la capacitación para desempeñarse dentro del nuevo sistema de justicia penal. Puntualizó que se respetarán los usos y costumbres de las comunidades purépechas.

El sueldo neto de cada uno de los 50 elementos de la Fuerza Indígena Purépecha será de 8 mil pesos al mes. Ocampo García aseguró que las puertas de la Secretaría de Seguridad Pública están abiertas para los municipios que también deseen incorporar a esta nueva agrupación policial.

Hace dos semanas representantes de más de 30 comunidades purépechas rechazaron la intromisión de los gobiernos federal y estatal en materia de seguridad, y exigieron respetar sus rondas comunitarias.

Los habitantes manifestaron su rechazo a la propuesta del gobierno federal de integrar una policía indígena, con el argumento de que está demostrado que quienes cobran y portan un arma desconocen hasta a sus hermanos.

El dirigente indígena Abundio Marcos Prado señaló que las comunidades purépechas se saben defender solas, están organizadas y sabe rolar entre los habitantes esa responsabilidad, sin estar armados ni tomar cursos de un año, porque son cargos honorarios y sólo el pueblo sabe proteger al pueblo. Los representantes de las 30 comunidades purépechas reiteraron que no necesitan de militares ni de policías, y lo único que demandan es que se respeten sus usos y costumbres.

El 14 de septiembre pasado las comunidades purépechas de Capácuaro, San Lorenzo, Caltzontzin, Angahuan y Corupo, del municipio de Uruapan, exigieron la salida de la policía Fuerza Rural, porque no toleran que instalen retenes en los accesos a sus poblaciones y cometan una serie de abusos, como ocurrió el 11 de septiembre en San Lorenzo, donde hubo un conato de violencia porque los rurales pretendían revisar a todo taxista que entraba a la población, lo que violentaba el derecho al libre tránsito.