l titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, reiteró ayer, en declaraciones formuladas en un foro sobre víctimas de secuestro, la versión que había presentado a la opinión pública el 7 de noviembre del año pasado, de que los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa capturados y desaparecidos en Iguala fueron ejecutados y calcinados en el basurero de Cocula. El funcionario afirmó que los resultados (de los análisis de ADN que ha realizado la Universidad de Innsbruck, Austria, sobre los restos presentados por la dependencia), no debilitan la investigación, al contrario.

Estas afirmaciones apuntan en la misma dirección que las vertidas el pasado día 13 por Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, de que todas las líneas de investigación sobre el caso han sido agotadas, y que lo dicho ayer mismo en el Senado por el comisionado de la Policía Federal, Francisco Galindo Ceballos, que esa corporación ya agotó los 600 puntos establecidos para buscar a los normalistas desaparecidos. Es imposible no percibir en tales afirmaciones cierta urgencia del gobierno federal por dar por cerrado el trágico e indignante episodio. Pero aunque la prisa pudiera ser comprensible, habida cuenta del grave desgaste político que ha causado y sigue causando a la actual administración, y que ha servido de catalizador de muchos y diversos agravios del poder público hacia la sociedad, el caso dista mucho de estar solucionado en lo criminalístico, en lo jurídico y en lo político, y declaraciones fuera de lugar como las referidas, lejos de calmar los ánimos, los exacerban por partida doble.

Debe considerarse, por una parte, que la versión inicial de Murillo Karam –“las capturas, las ejecuciones masivas y la posterior incineración de los cuerpos de los muchachos en una gran fogata en Cocula, realizado todo ello por la policía municipal de Iguala y por integrantes del cártel local Guerreros Unidos”– ha recibido numerosos cuestionamientos de los propios padres y condiscípulos de los desaparecidos, de investigadores universitarios y de organizaciones de derechos humanos. Ayer mismo, cuando el procurador citaba los resultados de los análisis de Innsbruck como factor de verosimilitud de su versión, la propia PGR informaba que no hay tales resultados porque, salvo en el caso de un fragmento óseo que ya fue identificado, no ha sido posible encontrar en los otros restos de ADN útiles para el análisis, y será necesario someterlos a una nueva prueba, sin garantía de obtener conclusiones claras, que tomará aún dos o tres meses. Por lo demás, si bien la única identidad esclarecida en los fragmentos de hueso es la del estudiante Alexander Mora, los forenses argentinos que colaboran con la investigación, a pedido de los padres, han señalado que no hay suficiente certidumbre científica o evidencia física para afirmar que formen parte de los recuperados en el basurero.

Al magen de las debilidades e inconsistencias de la versión oficial, la reiteración pública de que los muchachos desaparecidos están muertos constituye un agravio adicional a los progenitores de la víctimas, toda vez que semejante afirmación tendría que ser formulada con pruebas técnicas incuestionables y ser comunicada a las familias en primer lugar.

Por desgracia, las autoridades no dan muestra de enmendar sus actitudes erráticas, equívocas e improcedentes ante este episodio terrible, y parece difícil que, en tal circunstancia, sea posible superar la crisis política que ha generado y que constituye el más grave lastre para el desempeño gubernamental en los próximos años.