El presidente de la empresa Scytl, Pere Vallès, aseguró que hay motivos políticos atrás de la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) para rescindirle el contrato, y responsabilizó al director de la Unidad Técnica de Fiscalización, Alfredo Cristalinas, de ofrecer una colaboración extremadamente pobre y aumentar de 23 a 100 el número de requerimientos para instrumentar la contabilidad en línea de los partidos.

Anunció que para limpiar su imagen, además de presentar una denuncia contra el INE, harán un sistema propio, con una inversión de 3 millones de dólares, que pondrán a disposición de partidos políticos y asociaciones civiles para demostrar que el suyo cumple con la ley, en contraste con el del instituto, el cual, previó, será menor.

El INE rechazó en un comunicado que se haya cancelado el contrato por una intencionalidad política, y señaló que, por el contrario, busca dar plena garantía de que las campañas serán fiscalizadas oportunamente. El lunes pasado hizo oficial el inicio del proceso para rescindir el contrato con Scytl tras incumplir con la entrega del módulo de contabilidad, cuya fecha estaba prevista para el 14 de diciembre de 2014. Por instrumentar la fiscalización en línea, tema medular de la reforma política, esta empresa, de origen español, obtendría 61 millones de pesos este año.

Vallès se declaró sorprendido por la actitud beligerante del INE, al cancelarnos sin dar oportunidad de entregar dentro de la fecha en que se podía (el 3 de marzo). Eso nos hace pensar un poco que dentro del instituto hay diferentes intereses y conflictos, y no hay voluntad real para tener un sistema de fiscalización que cumpla con la ley y permita detectar de forma rápida comportamientos fraudulentos.

La relación con Alfredo Cristalinas ha sido extremadamente difícil. El proceso de licitación se inició muy tarde. Luego fue fallido. Se declaró desierto y hubo que sacar un proceso de emergencia. Incomprensiblemente, cuando se tenía que firmar el contrato, en septiembre, se retrasó y pasó a noviembre. Luego la colaboración que hemos tenido de él ha sido extremadamente pobre, relató el ejecutivo en entrevista telefónica con La Jornada.

Desde sus oficinas en Barcelona, España, añadió: Luego (Cristalinas) nos dijo verbalmente que no pasaba nada, que no entregáramos el 14 de diciembre, porque no teníamos todos los requerimientos. Posteriormente salieron comunicaciones en la prensa de que sí era importante. Ha sido una actuación dudosa en cuanto a cuáles son sus intereses reales para que el proyecto tenga éxito.

Explicó que Scytl ha trabajado en 37 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá y Reunido Unido, al igual que en otros complicados, como Congo, Libia, Ucrania y Bangladesh, y nunca se habían encontrado con una situación en la que un cliente nos contrata para hacer una cosa y luego su interés porque el proyecto tenga éxito es cuestionable por ciertas personas.

Vallès indicó que solicitaron una reunión con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y nunca les contestaron. Una cosa que nos ha molestado mucho es que no hablaran con su proveedor, sino filtraran información a la prensa. Ha habido voluntad para rescindir, para sacarnos de en medio y poder hacer un sistema internamente, que sabemos va a ser muy menor, comparado con el que tenía que ser, insistió.

Señaló que Scytl tiene inversionistas internacionales, como Paul Allen, fundador de Microsoft, y Panderton Capital, así como oficinas en 18 países. De hecho, en México han desarrollado exitosamente dos proyectos: con el Instituto Electoral del Distrito Federal y con el Congreso de Nuevo León.

Si hubiéramos sospechado lo que iba a pasar, no hubiéramos buscado este contrato, comentó. Pero consideró que hay un caso muy sólido e interpondrán acciones legales contra el INE por incumplimiento de contrato, una vez que reciban una notificación, porque no nos han enviado nada.

Se quejan los partidos políticos de la fiscalización

La situación con Scytl ya tuvo repercusiones. El lunes, el Partido de la Revolución Democrática reprochó a Cristalinas que el sistema para fiscalizar las precampañas se instrumente con mucho retraso (casi dos semanas después) y esté incompleto, al no incluir información sobre quiénes aportan a las campañas políticas. Además, tampoco es compatible con los modelos de contabilidad de los partidos políticos.

Morena se quejó de que el catálogo de proveedores está incompleto, porque, por ejemplo, no incluye la razón social de las empresas, lo cual impide a los partidos políticos definir cuáles serán sus proveedores.