El Grupo México está obligado a aplicar resarcimientos justos y debidos para que los ecosistemas y las comunidades de las márgenes del río Sonora retornen al estado en que se encontraban antes del derrame de residuos tóxicos de la minera Buenavista del Cobre, en septiembre pasado.

Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de planeación y política ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y Guillermo Haro Belchez, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), anunciaron en la Cámara de Diputados que las participaciones del grupo minero en el fideicomiso Río Sonora están garantizadas, y que no se extinguirá hasta remediar los daños en la región y atender a todos los habitantes afectados.

Ambos funcionarios se reunieron ayer con la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a la que informaron que el fideicomiso es privado y es el único instrumento de pago. También la etapa de resarcimiento empezará el 27 de enero.

A la fecha se han autorizado recursos por mil 40 millones de pesos de los que se han ejercido 768 millones para resarcir daños a la actividad agropecuaria y a las familias, rehabilitar pozos y elaborar un diagnóstico integral, así como a pagos por daños a la salud y a la aplicación de una campaña de educación a la población.

Lacy expuso que la población ha recibido 10 veces el PIB per cápita de la zona, que se ubica en 840 pesos, con lo que se les pagó 8 mil 400 pesos hasta la fecha. También, dijo, se han detectado 31 casos comprobados de personas afectadas en su salud, por lo que se instalará una unidad fija de vigilancia epidemiológica durante los próximos 15 años en la ciudad de Ures.

En su momento, la diputada petista Lilia Aguilar señaló que existen muchas dudas sobre el fideicomiso, de cómo se formó. “No sabemos bajo qué lógica, en noviembre, se llegó a la conclusión de que los daños eran de 20 mil millones de pesos –según los datos del gobierno federal– y por qué el fideicomiso se constituyó con 2 mil millones.”

Con dureza dijo a ambos funcionarios: pareciera que protegen los intereses de Grupo México y les gana la tentación de negociar con la empresa.

También el perredista Trinidad Morales advirtió que a Grupo México se le trata de manera muy indulgente, pues no hubo un saneamiento real de la contaminación, a lo que se suma, señaló, que en los pueblos se están quejando de que los programas de apoyo son diferenciados y con tientes clientelares.

Para el panista Sergio Chan Lugo, Grupo México resume una mala administración, irresponsabilidad en la operación y en el manejo de los residuos peligrosos. Por tanto, una empresa que al año factura 2 mil millones de dólares bien puede pagar 2 mil millones de pesos de indemnización.

Incluso, el senador priísta Arquímedes Oramas exigió en tono terso a Grupo México no desentenderse del tema de los problemas de salud y de las actividades económicas, y contribuir más. El PRI invita a las autoridades federales a revisar más las minas, para evitar hechos de desastre.

Para el procurador Haro Belchez, el gobierno federal se ha volcado a la remediación del daño a las personas, a las que han sufrido efectos en la salud, y en materia de los procedimientos tenemos abiertos cuatro por no haber dado aviso de la emergencia; en relación con la atmósfera; sobre residuos peligrosos e impacto ambiental, los cuales debemos resolver en 20 días hábiles. Y se pueden aplicar multas de 3 millones de pesos, por cada uno.

En el recuento de hechos del fideicomiso a su cargo, Lacy dijo que sólo tiene noticia de que el pago por resarcimiento más alto a una mina ha sido por 220 millones de dólares, que no dista de lo que se está dando en México.